Entre los recortes al Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2017 que realizó la Comisión de Finanzas del Congreso en el dictamen favorable que presentó la semana pasada, se redujeron Q1.409 millardos al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) debido a la baja ejecución de esa cartera.

Actualmente, las dos obras CA-2 Oriente y CA-2 Occidente, adjudicadas a las empresas Sigma Constructores, S.A. y a la constructora brasileña Norberto Odebrecht, respectivamente, se encuentran suspendidas. Debido a los problemas legales que enfrentan ambas entidades, la sala de trabajo decidió reducir el techo presupuestario.

Jairo Flores, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y presidente de la Comisión, explicó que los proyectos a cargo de la empresa Topsa Constructores también quedaron sin financiamiento en el dictamen, porque dejar ese techo disponible solo provocaría que quede un “bolsón” que no podría ser utilizado.

La CA-2 Oriente es el proyecto para ampliar a cuatro carriles la ruta de Escuintla hacia Ciudad Pedro de Alvarado, Jutiapa, a cargo de Sigma, financiada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Mientras que la CA-2 Occidente se inicia en Cocales, Suchitepéquez y concluye en Tecún Umán, San Marcos, bajo la responsabilidad de Odebrecht, apoyado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES).

Futuro poco alentador

El congresista Boris España, del Movimiento Reformador (MR), dijo que mientras existan problemas legales con las constructoras el Estado no podrá solicitar desembolsos de los créditos y tampoco es conveniente que se paguen intereses.

Agregó que de no solucionarse los inconvenientes, el Ministerio de Finanzas podría solicitar la liquidación de los proyectos. Según el legislador Adim Maldonado, de FCN-Nación, el próximo año podrían pedir una ampliación al presupuesto del CIV.

Los problemas legales de las constructoras se iniciaron cuando el exrepresentante legal de Topsa, Raúl Osoy, fue señalado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) de recibir aportes para la campaña del Partido Patriota (PP) y supuestamente facturar servicios inexistentes.

En marzo pasado, el expresidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, fue hallado culpable de pagar sobornos por US$30 millones a la estatal Petrobras. El CIV señaló que los trabajos de esa empresa tenían un año de estar detenidos. elPeriódico buscó la versión del ministro de Comunicaciones, Aldo García, pero sus voceros indicaron que tenía programadas varias reuniones.

Q1.4

millardos  se redujeron al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) debido a la baja ejecución de esa cartera.