El 3 de noviembre, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) resolvió concluir el evento de licitación para la reparación, ampliación y mantenimiento del centro vacacional para empleados del Estado Casa Contenta, ubicado en Panajachel, Sololá.

 La decisión no fue del total agrado de las autoridades, pues en las actas del concurso constan las opiniones encontradas con los integrantes de la Junta Calificadora.

En el portal Guatecompras, el evento identificado con el NOG 5139066 aparece como “finalizado desierto”, pese a que en este se recibieron dos ofertas: una de la empresa H3 Guatemala, S.A., por Q9.8 millones, y otra por Q13.9 millones propuesta por Arcos Proyecciones, S.A., las cuales fueron rechazadas en dos oportunidades por los integrantes de la Junta Licitadora.

Fuentes del Ministerio de Trabajo aseguraron que durante el evento se recibieron presiones para retardar el evento y para que se adjudicara a alguna de las compañías oferentes. Al consultar al viceministro de esa cartera, Guillermo Gándara, sobre las supuestas presiones durante el concurso, desmintió los señalamientos.

Una diferencia de Q4 millones

El 16 de septiembre pasado, las dos propuestas fueron rechazadas; la de H3 Guatemala porque no cumplía con requisitos fundamentales como errores en actas notariales y falta de experiencia de los empleados que se proponían; y la de Arcos Proyecciones porque sobrepasaba en Q4 millones a la de la otra empresa.

En el Acta 338 se incluyó un cuadro con las diferencias de precios como la construcción de un depósito para conexión eléctrica ofrecido por H3 Guatemala en Q17 mil 786, mientras que Arcos Proyecciones ofertó Q381 mil 798 por la misma edificación.

Sin embargo, un mes después la ministra de Trabajo, Leticia Teleguario, improbó lo actuado por la Junta al argumentar que esas razones no eran suficientes y pidió un mayor razonamiento y análisis del evento. elPeriódico buscó la versión de la titular de la cartera, pero su equipo de comunicación indicó que se encontraba de viaje por Ginebra, Suiza, y no se podía pronunciar al respecto.

Integrante insistente

En la misma acta en la que se rechazaron las ofertas, José Luis Cuéllar Rodríguez, uno de los integrantes de la Junta, quien es técnico de la Unidad Financiera (Udaf) del Ministerio manifestó que el cuadro comparativo de las ofertas no se debió incluir en la resolución porque ambos precios estaban estimados dentro de la licitación.

Al revisar lo resuelto por el Ministerio, Cuéllar expresó en una nueva acta que se realizara una segunda opinión sobre la aceptación de documentos legalizados o fotocopias legalizadas al Consejo Técnico de la cartera, la cual no obtuvo apoyo de los demás miembros de la Junta.

Cuando se le cuestionó sobre sus argumentos  en las resoluciones, Cuéllar se mostró reacio a las preguntas de elPeriódico y manifestó que no opinaría al respecto porque los documentos estaban disponibles en Guatecompras y allí se podía obtener información y que cualquier consulta se debía canalizar por medio del departamento de Comunicación.

Al consultar al viceministro Gándara sobre cómo garantizar un proceso transparente en la licitación, respondió que “garantizar es una palabra complicada cuando depende de terceros para ejecutar la obras (…) yo no suelo especular y lo que sí te doy absoluta certeza es que no hubo ninguna presión hacia la Junta de Licitación y ellos actuaron de conformidad con la ley y qué mejor prueba, haber aprobado lo que ellos dijeron es contundente”.