El Tribunal Noveno de Sentencia Penal resolvió ayer declarar con lugar el embargo precautorio de la cuenta bancaria a nombre de Droguería Pisa, con un fondo de Q17 millones, para garantizar un posible resarcimiento a los afectados por el contrato anómalo que obtuvo esa firma con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Durante el debate oral y público que se lleva a cabo en contra de 20 personas, la Fundación Sobrevivientes –que representa a los enfermos renales que fueron víctimas en ese caso– pidió por medio de un solicitud legal el embargo de ese dinero.

Dinora Martínez, presidenta temporal de ese tribunal, consideró que es necesario que se mantengan inmovilizados los fondos hasta que finalice el juicio.

Según las investigaciones, la contratación de Pisa para atender a los pacientes con problemas renales pudo haber ocasionado daños en la salud de por lo menos 70 personas, una de ellas falleció hace unas semanas.

Este caso está ligado con el fraude detectado por el Ministerio Público en el contrato de arrendamiento y remodelación de un edificio para clínicas del IGSS, en Chiquimula.

Los jueces a cargo del juicio abrieron desde ayer el espacio para que los implicados brinden su declaración.