El juicio donde se podría extinguir y trasladar al Estado los helicópteros con matrícula TG-PES y TG-ORA, vinculados al expresidente Otto Pérez Molina y a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, inició ayer en el juzgado de Primera Instancia de Extinción de Dominio, a cargo de Marco Antonio Villeda.

Los representantes legales de las empresas Opulens y Baja Global Service, que figuran en los registros oficiales como propietarias de las aeronaves, no se presentaron a la diligencia. Por esa razón, el juzgador los declaró en rebeldía y les fijó un plazo para que se presenten a la judicatura, de lo contrario ordenará la designación de abogados del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), con el propósito de que los representen.

Villeda programó para el próximo 18 de noviembre la declaración del colaborador eficaz del Ministerio Público (MP) Juan Carlos Monzón, la cual será a puerta cerrada, al igual que los testimonios de por lo menos seis testigos más.

“Coperacha”

Las primeras pesquisas determinaron que la compra del helicóptero TG-PES, valorado en US$1.5 millones, se hizo por medio de transacciones irregulares a través de una coperacha para regalarlo a Pérez Molina en su cumpleaños.

Mauricio López Bonilla habría colaborado con US$250 mil, Alejandro Sinibaldi con US$245 mil, y Erick Archila con US$100 mil, además de Manuel López Ambrosio, Ulises Noé Anzueto, Juan de Dios Rodríguez y Gustavo Martínez.

Esa aeronave, modelo Bell 407 GX valorada originalmente en US$3.1 millones, fue adquirida en Estados Unidos el 5 de diciembre de 2014 por la sociedad 407-354 Holding Corp., y el 26 de enero de 2015 la presunta compañía Opulence hizo la solicitud a Aeronáutica Civil para que se inscribiera en Guatemala.

El TG-ORA (iniciales de Otto, Roxana y Alejandro) es marca Bell modelo 206B Jet Ranger III, 1978, valorado en Q4 millones y con la matrícula original TG-ESP.

La aeronave fue trasladada a Guatemala el 12 de marzo de 2009 y supuestamente comprada por la sociedad Ora Holdings, en Q200 mil.

Amparo sin resolver

El Ministerio Público y la CICIG presentaron un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, con el que buscan que se revierta el fallo de la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo, que separó al juez Villeda de conocer los casos de extinción para los procesados en los casos La Línea, Cooptación del Estado y Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ). El recurso aún no ha sido resuelto.