La apelación presentada en agosto por el abogado defensor de Emilia Ayuso –exdirectora del Registro de Información Catastral (RIC), ligada a proceso en el caso Cooptación del Estado– aún se encuentra pendiente de resolver en la Sala de Mayor Riesgo. Por esta causa, los procesos de los casos Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) y Cooptación del Estado se encuentran detenidos.

Eso significa que se han atrasado los tiempos programados para que se realicen las audiencias de actos conclusivos y de etapa intermedia, indicó Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

El Ministerio Público (MP) debía presentar la acusación formal en contra de los 53 sindicados por el caso Cooptación del Estado el 3 de noviembre, pero por este recurso sin resolver, el juez Miguel Ángel Gálvez –del Juzgado Primero B de Mayor Riesgo– se vio obligado a detener el caso por efectos suspensivos.

Esa misma apelación suspendió automáticamente otros casos relacionados con estos expedientes, como el del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Douglas Charchal.

El recurso presentado por Ayuso pretende separar a Gálvez de esos expedientes, ya que asegura que el juzgador no tiene competencia para conocer ese tipo de procesos