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Nacionales

Solicitud de antejuicio contra presidente, vicepresidente, ministros y una vicecanciller conocerá el juez Mynor Moto


CSJ traslada al Juzgado Tercero requerimiento para que Jimmy Morales, Jafeth Cabrera y miembros de su Gabinete sean despojados de la inmunidad para investigarlos y procesarlos por violaciones a la Constitución.

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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha designado al Juez Tercero de Primera Instancia Penal, Mynor Moto, para diligenciar las solicitudes de antejuicio contra el binomio presidencial, 13 ministros y la vicecanciller Virginia Castillo,  que firmaron el Decreto Gubernativo 5-2016 que la semana pasada implantó el Estado de Prevención en el país, violentando durante 48 horas varias garantías constitucionales.

El viernes último y en representación legal del  Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS), el abogado Pedro Rafael Maldonado Flores pidió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dar trámite a su planteamiento de antejuicio contra Jimmy Morales Cabrera e integrantes del Gabinete de Gobierno, por los delitos de abuso de autoridad y transgredir de manera flagrante la Carta Magna.

Otro requerimiento con igual propósito y similares argumentos hicieron los diputados del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), encabezados por el jefe de bloque en el Congreso de la República, Orlando Blanco Lapola, ante lo cual los magistrados elevaron este lunes al juez Moto las actuaciones correspondientes para iniciar el procedimiento.

El Director de CALAS interpuso la denuncia el pasado 23 de septiembre en Gestión Penal de la Torre de Tribunales, oportunidad durante la cual enfatizó que el Ejecutivo debió decretar en el primer acuerdo gubernativo un Estado de Calamidad, porque la Constitución dice que todos los sistemas de restricción de garantías constitucionales se rigen por la Ley de Orden Público, pero que la transgredió.

Según él, esa legislación determina bien cuándo y porqué proceden los Estados de Excepción, por lo cual en el caso de las lluvias lo que el Gobierno debió haber promulgado de manera obligada un Estado de Calamidad, no de Prevención, que finalmente terminó haciendo, pero aunque derogó el 5-2016, quienes lo firmaron sí cometieron abuso de autoridad y resoluciones violatorias a la Constitución.

Antecedente de Moto

El Juez Tercero, Mynor Moto, favoreció el 9 de junio de este año con medidas sustitutivas –que incluyeron fianzas de Q10 mil a Q25 mil cada uno–, a lo cinco abogados procesados penalmente por el caso Bufete de la Impunidad vinculado al de La Línea, la red de corrupción aduanera que desde 2015 tiene en prisión a Otto Pérez, Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón y más de 30 personas.

Sin embargo, el Ministerio Público (MP) y la CICIG recurrieron en su momento contra la resolución de Moto, y el 1 del presente mes la SalaCuarta de Apelaciones la anuló y ordenó que debían volver a prisión José Arturo “Chepito” Morales Rodríguez, Luis Fernando Zapata Mendoza, Ruth Emilsa Higueros Alay, Jorge Luis Escobar Gómez y José Luis Montenegro.

Se les canceló el arresto domiciliario mediante cauciones económicas de Q10 mil a Q20 mil para siete de los sindicados, la obligación de presentarse cada viernes a la Fiscalía General en el barrio Gerona, zona 1, a firmar el libro de asistencia. Del fallo de la Sala quedaron al margen Francisco Javier “el teniente Jerez” Ortiz Arriaga y Miguel Lemus Aldana, presos desde el 16 de abril del 2015.

El nuevo fallo fue firmado por el magistrado-presidente Néctor Guilebaldo de León Ramírez y sus dos vocales. En el expediente denominado por el MP y la CICIG como Bufete de la Impunidad hay otros implicados, como la entonces Jueza Octava de Primera Instancia, Marta Sierra de Stalling y su hijo  Roberto Stalling Sierra, a quienes se procesa por aceptar sobornos para dictar dichas medidas sustitutivas.

 

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