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Nacionales

Memorándum condiciona a los accionistas de TCQ para operar terminal


Antes de anular el usufructo oneroso, otorgado supuestamente de manera anómala en 2012, se buscará que el Congreso otorgue una concesión directa a la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) para “sanear” el procedimiento.

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Para operar la terminal portuaria y mantener vigente la concesión, que deberá aprobar el Legislativo, los accionistas de la compañía deberán agilizar la construcción de la segunda y tercera fase, garantizar el buen estado de la maquinaria y que los servicios portuarios sean eficientes, según el memorándum de entendimiento suscrito el pasado 6 de septiembre por las partes interesadas.

El documento signado es una ruta elaborada por la Procuraduría General de la Nación (PGN), que incluye el pago de una reparación civil de US$32.7 millones y US$10.5 millones en proyectos de desarrollo para los municipios de Escuintla, además de la instalación de rayos X y el compromiso de que al término de 21 años, la maquinaria pase a manos del Estado. Los firmantes son la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), APM Terminales y Corporación Financiera Internacional (IFC, en inglés).

La procuradora Anabella Morfín aseguró ayer en una conferencia de prensa que APM tiene 15 días de plazo, a partir de la firma del memorándum, para hacer efectiva la reparación civil. Agregó que esa compañía debe continuar aportando información al caso penal que investiga el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en el que se señala el pago de US$30 millones en sobornos a exfuncionarios y empresarios para otorgar el usufructo.

Tanto APM Terminals como IFC se mostraron de acuerdo con las disposiciones aprobadas en el memorándum, y lo calificaron como un “paso firme” para solucionar la situación actual de la terminal portuaria. De llegar a comprobarse de que los nuevos propietarios tenían conocimiento de los supuestos actos de corrupción, el memorándum perderá validez.

Piden levantar intervención

“Hemos hecho la comunicación correspondiente a la CICIG y al MP sobre este proceso, a efecto de que consideren el levantamiento de la medida cautelar de intervención sobre la empresa, con el objeto de que haya plena disponibilidad del bien y que no exista acción legal que impida el otorgamiento de la concesión directa”, aseguró Morfín.

El interventor de TCQ, Alexander Aizenstatd, indicó que el acuerdo no interfiere con sus labores designadas por el Juez de Extinción de Dominio. Agregó que su intención es que la terminal opere cuanto antes y que la situación económica es “crítica” y que esta semana pagaron casi US$2 millones en intereses por préstamos.

Jimmy se acerca al Congreso

El presidente Jimmy Morales se ha acercado a los jefes de bloque del Congreso para hablar sobre el procedimiento legal que se diseña para anular el usufructo y autorizar la concesión. La última reunión para hablar de este, y otros temas, fue el pasado lunes aseguró el diputado de Visión con Valores (Viva), Juan José Porras.

La jefa de bloque de Encuentro por Guatemala (EG), Nineth Montenegro, dijo que los términos generales del memorándum son aceptables, pero que al momento que la iniciativa llegue al Congreso se buscará cambiar algunas cláusulas para mejorar los términos del contrato en beneficio del Estado.

Boris España, del bloque Movimiento Reformador (MR), sostuvo que este proceso necesitará de una amplia discusión en el Legislativo para no incurrir en irregularidades, porque se buscará hacer un procedimiento que no se hacía antes.

Desistir de la demanda

Entre los requerimientos del memorándum, figura un requerimiento para que EPQ y los accionistas desistan de la acción de incompetencia planteada ante el tribunal que conoce la demanda de nulidad para agilizar la anulación.

Después de eso los nuevos propietarios deberán “allanarse” ante la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que este declare la nulidad absoluta del usufructo. Previo a levantar la intervención de TCQ, el Ejecutivo deberá enviar una iniciativa de ley al Congreso para que se autorice la concesión directa.

 

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