“Quizá por su propia forma de ser, el carácter de ella, de alguna manera presentó cierta resistencia a que se la llevaran de su casa a la Torre de Tribunales”, ha afirmado hoy en entrevista radial el Fiscal Especial Contra la Impunidad (FECI) Juan Francisco Sandoval, al explicar por qué tardaron en ejecutar ayer la captura de la ex Registradora General de la Propiedad (RGP) y ex diputada Gladys Anabella de León Ruiz.

Agregó que, “no obstante eso las fuerzas de seguridad cumplieron el mandato que la juez dispuso y fue puesta disposición de las autoridades. Dentro de sus explicaciones en el segmento A Primera Hora, de Emisoras Unidas –donde también participó Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, la sección guatemalteca de Transparencia Internacional–.

Acerca de los señalamientos de De León sobre que “hay ilegalidad, hay arbitrariedad, hay abuso de autoridad en muchas situaciones que se están dando”, que es un “linchamiento político” y que “es un asunto de la Contraloría, no hubo procedimiento administrativo, lo llevaron de una vez al MP y se ha violado el debido proceso”, Sandoval dijo que “en su defensa material ella puede argumentar cualquier cosa”.

Agregó que “una captura para que sea legal tiene que estar firmada por un juez competente”, lo cual se cumplió con las órdenes expedidas por Silvia de León, titular del Juzgado Sexto Penal. Además, que el Ministerio Público y la FECI “no actuamos con una persecución por nombre, sino por hechos”, y que continúa la investigación del expediente conjunto con la CICIG titulado ‪#BotinRegistroPropiedad‪.

Sandoval respondió también a los periodistas Felipe Valenzuela y  Marielos Fuentes que durante muchos años el RGP fue transformado –por los gobiernos– en “un gran monstruo” prácticamente “impenetrable” para ser investigado –y que se necesitarían varias FECI– lo cual el MP por fin rompió gracias, “a petición del Ministerio Público”, a los hallazgos de anomalías detectadas por la Contraloría de Cuentas.

Así, reiteró el Fiscal Especial, en las pesquisas iniciales “se pudo determinar que siete de 16 (empleados) prestaban servicios en más de una entidad estatal”, aparte del involucramiento de empresas privadas (restaurantes) en la emisión de facturas por supuestos servicios prestados a la dependencia dirigida por la ex diputada De León Ruiz.

Audiencia en desarrollo

La jueza Silvia de León continúa desarrollando la audiencia de primera declaración de 22 aprehendidos, y contra quienes el Ministerio Público formulará acusación por los delitos de peculado por sustracción y falsedad ideológica.

Sorpresivamente a la puerta del salón donde se realiza esta diligencia ha llegado Vernon González Portillo –ex abogado de Roxana Baldetti Elías y del Partido Patriota (PP) en su época de gloria–, quien de lejos ha estado observando a su esposa Samantha Mejía, una de las dos directoras de Recursos Humanos detenidas por el caso del RGP.

González también enfrenta un proceso penal por tráfico de influencias con el expresidente del Congreso, Godofredo “Gudy” Rivera, ya que fueron denunciados por la entonces magistrada de Apelaciones Claudia Lissette Escobar Mejía, como autores del delito al haber pretendido que a cambio de ser reelecta votara contra una resolución del TSE que sancionó a Baldetti como secretaria general del PP.