Un informe que fue entregado por el Procurador de los Derechos Humanos a la Comisión de Derechos Humanos y a la presidencia del Congreso de la República detalla las falencias en el cumplimiento del mandato de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes (ONP), por lo cual recomendó la destitución de los cinco relatores y del Secretario Ejecutivo de esa dependencia.

El procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, indicó que en una evaluación realizada a la ONP –entre junio y julio últimos– constataron la falta de identificación y caracterización de las víctimas de tortura, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, además de que no han precisado los lugares en los que se cometen las faltas a los derechos humanos. Asimismo,  De León  Duque aseguró que la ONP no ha informado la frecuencia con  que se violan los derechos y solamente se han limitado a realizar visitas a los centros de detención, en los cuales indicaron que existe precariedad en las condiciones de infraestructura, higiene, servicios básicos, alimentación y servicios de salud.

El Procurador indicó que a pesar del presupuesto otorgado a la oficina (Q10 millones), la ONP no ha cumplido su mandato y gasta el 84 por ciento en salarios. De León también reconoció que las visitas realizadas por la PDH al interior del país tienen un costo de Q300, mientras la ONP reporta gastos de varios miles de quetzales en cada una de ellas.

El mecanismo

El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Alberto Brunori, dijo que en la visita realizada por el Subcomité para la Prevención de Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos Degradantes, entre el 11 y el 20 de mayo, el grupo de trabajo manifestó su preocupación por el funcionamiento del mecanismo.

Asimismo, Brunori indicó que el Alto Comisionado se encontraba preocupado porque el mecanismo no funcionaba de manera adecuada, a pesar de que por medio de la ONP realizaron varias visitas a los centros de detención, pero que hasta el momento no se conocen denuncias públicas ni acciones penales realizadas por la entidad.

La creación del mecanismo tomó mucho tiempo, y se supone que con el reglamento interno que tienen en la ONP debería funcionar adecuadamente; sin embargo, no lo hace como se esperaba, aseguró Brunori. Además, indicó que a pesar de que no conoce el informe presentado por el PDH, “si él recomendó que los relatores fueran destituidos fue porque encontró elementos de gravedad, por lo cual el Congreso debe determinar si atiende la recomendación del Procurador”.

Hacinamiento y condiciones precarias en los centros de detención son los principales reportes de la Oficina Nacional para la Prevención de la Tortura.

Conflictos internos

Los trabajadores de la ONP han manifestado tener conflictos entre ellos, prueba de lo cual son las 25 denuncias presentadas ante el Ministerio Público (MP) y 32 a la PDH, por delitos de abuso de autoridad, usurpación, tráfico de influencias, entre otros.

El relator de la ONP Hilario Pineda aparece como agraviado seis veces según el Sistema Informático de Control de la Inversión del Ministerio Público (Sicomp), con denuncias por abuso de autoridad, amenazas y tráfico de influencias. Además, el relator presidente, Carlos Solórzano, es señalado la misma cantidad de ocasiones por falsedad material, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y amenazas.

En lugar de dedicarse a cumplir con su mandato, en varias ocasiones las reuniones que sostienen los relatores son utilizadas para tratar de resolver los conflictos entre ellos, indicó una fuente a elPeriódico.

El Congreso discutirá el informe

Según integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, el informe del PDH recibido el lunes podría ser conocido hoy por el pleno, por lo que se discutirá si atienden a las recomendaciones realizadas por el Procurador, entre ellas la destitución de los relatores. Asimismo, indicaron que dos exdiputados que laboran en la ONP habrían sido responsables de otorgar plazas dentro de la dependencia, a cambio de “favores” económicos.