Las organizaciones que conforman el Movimiento Pro Justicia manifestaron su rechazo a la aprobación de la iniciativa de ley de Aceptación de Cargos, la cual fue exenta de dictamen y aprobada en primera lectura por el Congreso, ya que a criterio de sus integrantes, la normativa contiene algunas fallas.

Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, explicó que la iniciativa está diseñada para favorecer a personas con mayor poder adquisitivo, como los señalados en el caso Cooptación del Estado, ya que uno de sus artículos contempla que el acusado debe reparar los daños a las víctimas. “¿Qué pasa si el acusado no tiene dinero? No podrá optar por este beneficio”, puntualizó la analista.

Mack añadió, que la agilidad con la que se está conociendo la propuesta en el Legislativo denota que los congresistas están en total acuerdo con la misma, ya que los diputados que se encuentren involucrados en casos de corrupción podrán favorecerse con esta ley.

Pro Justicia señala que una de las inconsistencias que presenta la normativa se encuentra en el Artículo 2, el cual indica que los imputados tienen derecho a renunciar al juicio oral y público y a las garantías de no autoincriminación,  mientras que la Constitución establece como derecho humano el conjunto de garantías del debido proceso penal y que nadie puede ser penado, sin antes haber sido citado, oído y vencido en proceso legal.

MP respalda normativa

La secretaria general del Ministerio Público (MP), Mayra Véliz, subrayó que la propuesta de ley beneficiará a cualquier tipo de procesado y no solo a los que tienen mayores ingresos monetarios.

“La ley indica que se debe proporcionar una reparación a la víctima, esto no siempre se trata de dinero sino de condiciones que les favorezca y dignifique”, dijo Véliz.

En cuanto a la posibilidad de que los sindicados del caso Cooptación del Estado busquen optar por este beneficio, el MP sostiene que debido a la etapa en la que se encuentra el caso, los implicados no podrán acogerse a esta normativa, puesto que la ley procesal no tiene efectos retroactivos.

Por su parte Javier Monterroso, consultor del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, explicó que aunque la ley no es retroactiva, los implicados en el caso Cooptación del Estado podrían optar a este beneficio, si este es aprobado antes de que finalice ese proceso.

“Se puede percibir que esta es una ley con dedicatoria, que busca favorecer especialmente a este grupo”, concluyó Monterroso.

En EE. UU.

>Desde el pasado domingo, los presidentes de los Organismos Legislativo y Judicial, Mario Taracena y Ranulfo Rojas Cetina, respectivamente, así como la fiscal general del Ministerio Público, Thelma Aldana, y el diputado Oliverio García Rodas se encuentran en Estados Unidos, con la Misión Internacional de Justicia con sede en Washington, para conocer cómo han aplicado la Ley para la Aceptación de Cargos y de Brazaletes electrónicos, iniciativas de ley que se discuten en el Congreso.