Algunos de los abogados que defienden a los 28 sindicados enviados a prisión preventiva por su presunta participación en una red de corrupción liderada por Otto Pérez y Roxana Baldetti, buscan que la carpeta judicial conocida como Cooptación del Estado ya no esté en manos del juez Miguel Ángel Gálvez y que sea conocida por otro juzgador.

La estrategia dirigida por los juristas Mario Antonio Cuevas Vidal, abogado de Emilia Guadalupe Ayuso, exdirectora del Registro de Información Catastral (RIC), y Moisés Galindo, del empresario Walter de Jesús López, se basó en el supuesto de que Gálvez “cometió” una serie de errores procesales en la audiencia de primera declaración que tuvo una duración de 32 días.

¡Qué renuncie!

Cuevas Vidal optó por plantear un incidente de cuestión de competencia por declinatoria y actividad procesal defectuosa, con lo que busca que Gálvez renuncie a continuar diligenciando ese caso.

A su criterio, el juez incurrió en una falta al momento de haber unificado los casos de Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), Cooptación y La Cooperacha, porque los hechos ocurrieron en distintos años, entre 2009 y 2011 y no se pueden relacionar.

“No porque hubiese personas aparentemente vinculadas en esos casos deben ser unificadas a este, tal y como lo hizo”, dijo el jurista.

Además, Cuevas respaldó su alegato al citar el mandato que tienen los juzgados de competencia ampliada, como el que dirige Gálvez (Juzgado B de Mayor Riesgo), los cuales tienen una competencia especial, en la que no encuadra ese expediente.

El togado aceptó entrar a conocer el incidente planteado y programó una audiencia para el próximo 17 de agosto, en la cual dará a conocer su resolución ante esa inconformidad.

En esa diligencia el juzgador dará espacio para que otros defensores presenten otras inconformidades.

Buscó anular audiencia

Mientras que Moisés Galindo buscó que se anulara la audiencia de primera declaración bajo el argumento que la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no trasladó en ningún momento el caso de Cooptación a la judicatura que dirige Gálvez, porque al unificar los casos se dio por concluido que ese mismo juez debía continuar conociendo.

“No tiene competencia para diligenciarlo porque no le fue asignado, y como los hechos son diferentes y en distintos años, se debe anular de inmediato todo lo actuado entre el 6 de junio al 4 de agosto (toda la audiencia de primera declaración)”, puntualizó Galindo.

Sin embargo, el juez Gálvez decidió denegar ayer esa solicitud al no encontrar fundamentos legales que la respaldaran.

Para la próxima semana se programaron las audiencias de primera declaración de otros funcionarios implicados en el caso TCQ, sería el turno para el magistrado de la CSJ, Douglas Charchal, y del exmagistrado y exprocurador General de la Nación, Vladimir Aguilar.

Iniciará proceso de extinción

El próximo lunes dará inicio el juicio en el que el Ministerio Público intentará pasar a manos del Estado la residencia de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti ubicada en Los Eucaliptos.

El Juzgado de Extinción de Dominio a cargo de Marco Antonio Villeda estima que esa propiedad podría tener un costo aproximado de Q19 millones.