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Nacionales

Juez dictará resolución sin que Pérez haya explicado origen de sus bienes


Miguel Ángel Gálvez ya tiene su fallo y espera darlo a conocer hoy a los 57 sindicados del caso conocido como Cooptación del Estado.

La resolución del caso que involucra a 57 personas, entre ellos al expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, está programada para hoy. El juez Miguel Ángel Gálvez ya tiene la resolución, según lo anunció ayer al filo de las 18:00 horas, pero postergó su divulgación porque asegura que necesita tiempo para explicarle a cada sindicado por qué lo liga o no al proceso conocido como Cooptación del Estado.

El juez suspendió la audiencia porque la Sala de Vistas del Organismo Judicial carece de iluminación para extender la jornada durante la noche. Así, los señalados deberán acudir a la vigésimo sexta jornada para escuchar la resolución.

Llegó el día decisivo sin que la defensa del expresidente Otto Pérez Molina explicara ante el Juzgado de Mayor Riesgo B cómo obtuvo los fondos para adquirir bienes en Zaragoza, Chimaltenango, y Boca Ancha, Morales, Izabal.

El exmandatario electo por el Partido Patriota expresó ayer a la prensa que “todo está documentado” y en su momento lo presentará.

josé miguel lam > El periódico

¿No era este momento? No –afirma Pérez–. Lo será cuando se presenten las pruebas. Hay una etapa procesal donde hay la valoración de pruebas.

¿Eso pudo haber incidido en la resolución? No lo sé. Es criterio del abogado.

La incertidumbre rodea a Pérez, cuya defensa descalificó la declaración del colaborador eficaz Juan Carlos Monzón Rojas, pero no aportó elementos que lo desvinculen de la estructura que, según el Ministerio Público y la CICIG, captó financiamiento electoral ilícito por no menos de Q50 millones y cobró unos Q450 millones en comisiones a contratistas a cambio de adjudicarles proyectos públicos.

Esos fondos ilícitos habrían servido para comprar las propiedades en Chimaltenango e Izabal vinculadas con Pérez, según la fiscalía. Los registros mercantiles e inscripciones confirman las declaraciones de Monzón Rojas y de su contador Víctor Hugo Hernández.

Gálvez se refirió ayer a los alegatos de los defensores. Todos cuestionaron el testimonio de Monzón Rojas, del cual prescindirá Gálvez en su resolución. No obstante, el juzgador anunció ayer que el convenio de colaboración fue objeto de apelación, pero ya está firme.

Sugiere revisiones personalizadas

El juzgador reconoció que le “fue imposible” leer todos los documentos que los defensores le presentaron, pero manifestó que si están en desacuerdo con el auto de procesamiento pueden acercarse a él. “Entre menos personas” podemos platicarlo mejor, añadió, luego de explicar la complejidad que supone llevar el control jurisdiccional de una causa penal con 57 sindicados.

Otro largo día. “Yo no me tomo un café con quien me extorsiona”, dijo el juez al referirse a Juan Carlos Mónzon y aquellos que lo señalan de ser él el culpable de todo.

Otro largo día. “Yo no me tomo un café con quien me extorsiona”, dijo el juez al referirse a Juan Carlos Mónzon y aquellos que lo señalan de ser él el culpable de todo.

El juzgador hizo un repaso de las argumentaciones de los abogados, unos que cuestionaban los tipos penales, otros la veracidad de los indicios presentados por el Ministerio Público (MP). Gálvez recordó la intervención de la abogada De León Iglesias, que representa al empresario Jack Irving Cohen, cuya coartada se basa en que las facturas que según la fiscalía documentan los aportes al PP, nunca estuvieron en poder de su cliente.

El titular de la judicatura invitó a la abogada a solicitar una revisión de las cajas presentadas por el MP para comprobar si las facturas están ahí o no. De León sostiene que Cohen nunca tuvo esos documentos ni los usó porque no efectuó aporte alguno al PP, como lo señala la fiscalía.

Hoy se plantea el desenlace del caso conocido como Cooptación del Estado pero que es una extensión de la causa conocida como Terminal de Contenedores Quetzal. Por eso, en los casos de los exgobernantes –ligados por cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude– únicamente se ampliarán los hechos y que sean ligados a proceso por asociación ilícita.

MP debe investigar a otros directivos del Renap

Gálvez consideró necesario que el MP investigue a dos directivos más del Registro Nacional de la Personas (Renap), por haber aprobado contratos de seguridad privada de forma anómala a favor del Grupo Escorpión y Control 24. Se trata del representante del Congreso de la República y el del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Fueron por lo menos 40 contratos con los que se benefició a esas empresas de seguridad privada propiedad de Miguel Ángel Martínez, durante el gobierno del Partido Patriota, a cambio de recompensar con comisiones a algunos funcionarios.

Entre las instituciones en las que trabajaron los guardias de esas dos empresas figuran el Renap; Ministerio de Cultura y Deportes, y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).

Por esa razón se encuentran en prisión provisional incluidos en el caso Cooptación del Estado, señalados de recibir coimas, el exdirector del Renap, Rudy Gallardo, y el exministro de Cultura, Dwight Pezzarossi.

Gallardo recibiría, según el MP, Q120 mil y una camioneta blindada a cambio de aprobar el contrato para esa institución.

Mientras que Pezzarossi pudo haber recibido unos Q25 mil al mes mientras estuvo en el cargo.

Líderes religiosos. Un fraile estuvo presente al mediodía para bendecir al empresario Juan Luis Ortiz.

Líderes religiosos. Un fraile estuvo presente al mediodía para bendecir al empresario Juan Luis Ortiz.

Informes digitales

Durante el cuarto día en los que Gálvez ha expuesto sus argumentos que fundamentarán su resolución final respecto a este caso, hizo mención de los indicios probatorios para la acusación hecha por el MP que fueron tomados de varios dispositivos móviles propiedad de Juan Carlos Monzón y Salvador Estuardo González, alias Eco.

Recordó que en una tablet denominada 22 se encontraron los informes financieros y de comisiones que Monzón le rendía a Baldetti periódicamente.

“La evidencia digital no se puede borrar, en un celular está toda la información que alguien ingresó, desde una foto, mensajes y llamadas, inclusive aunque hayan sido borradas”, señaló el juez.

En ese dispositivo se evidenció que la organización dirigida por Pérez y Baldetti recibía del 10 al 15 por ciento de las comisiones que cobraban por los contratos en las instituciones.

De ese porcentaje, el 60 por ciento era para la pareja presidencial y el 40 por ciento restante se distribuía con el resto de los integrantes. Esa modalidad fue utilizada en La Línea.

De traje formal. Baldetti llegó de amarillo y blanco. Ayer se pensaba que Gálvez daría a conocer su resolución.

De traje formal. Baldetti llegó de amarillo y blanco. Ayer se pensaba que Gálvez daría a conocer su resolución.

El color de la audiencia

Baldetti ha llegado los 26 días que ha durado la audiencia de primera declaración por este caso, vestida de jeans azul, blusa blanca y saco negro, sin embargo ayer, decidió llegar con un traje color amarillo y blanco.

Al mediodía, durante el receso, un fraile se presentó a la Sala de Vistas del Organismo Judicial, donde se celebra la diligencia, para bendecir al empresario Juan Luis Ortiz.

Arresto domiciliario para adultos mayores

Luego de que el Juzgado dicte su resolución y si son ligados a proceso, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) pedirá arresto domiciliario y prohibición para salir del país a favor de Jack Irving Cohen y Flavio Montenegro, debido a su edad y condiciones de salud.

“Estoy actuando transparente y sin ninguna presión”.

Miguel Ángel Gálvez, juez de Mayor Riesgo B.

Un grupo de ciudadanos llegó con carteles y cohetes para festejar la resolución que se dará hasta hoy.

Un grupo de ciudadanos llegó con carteles y cohetes para festejar la resolución que se dará hasta hoy.

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