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Nacionales

Acciones legales de TCQ retardan proceso de nulidad


Según la PGN, la forma más rápida de anular el usufructo es que los demandados acepten, ante los jueces que controlan el proceso, que el contrato fue suscrito con irregularidades.

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Mientras las autoridades analizan la mejor forma para anular el contrato de usufructo entre la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), la demanda de nulidad que planteó el Estado se encuentra obstaculizada por una acción de los demandados contra la Sala que conoce la causa.

El expediente de la demanda se encuentra en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde se deberá resolver una incompetencia que plantearon los abogados de APM Terminals, nueva dueña de TCQ, contra la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que la causa se discuta en el ramo civil.

“Ese es un aspecto que debe resolverse con la brevedad, porque obviamente obstaculizaría una terminación rápida del proceso”, dijo ayer la procuradora general de la Nación, Anabella Morfín. En la misma demanda también se plantearon una nulidad y una revocatoria, las cuales fueron rechazadas.

Esta acción complicaría el proceso actual porque, según Morfín, el único que puede declarar la nulidad del usufructo es el Tribunal, debido a que no es posible rescindir el contrato de manera voluntaria, como lo sugirió la semana pasada el interventor de TCQ, Alexander Aizenstatd.

Al respecto, el abogado de APMT, Juan Pablo Carrasco, aseguró que lo único que se ha hecho es “seguir el debido proceso”, pero que no buscan retardar el caso, porque lo que quieren es que TCQ funcione cuanto antes. “Un usufructo y una nulidad son figuras de Derecho Civil”, sostuvo.

Aceptar nulidad del contrato

Morfín aseguró que la vía más rápida para anular el contrato actual entre EPQ y TCQ es que los demandados se allanen, lo que significa que tendrían que “presentarse ante el juez y aceptar que el contrato es nulo, y por consiguiente el Tribunal declara la nulidad de este. Puede hacerse de forma voluntaria o de mutuo acuerdo porque ya existe una demanda judicial”, dijo.

La Procuradora agregó que en cuatro días presentará al presidente Jimmy Morales una nueva ruta sobre la situación de TCQ, para lo cual analizará a profundidad la propuesta del Interventor y pedirá informes a los ministerios de Comunicaciones y de Finanzas para establecer el impacto económico y de funcionamiento de la nueva Terminal. También se analizará si la reparación civil de US$43.2 millones es conveniente para el Estado de Guatemala.

La vicepresidenta de APM, Susanne Marston, indicó que aceptan la propuesta del Interventor “así como está”, pero que han solicitado que, de aprobarse la concesión, el nuevo contrato sea de 25 años y no de 21 como lo sugirió Aizenstatd.

Satisfecho

>El presidente, Jimmy Morales, indicó que “ve con buenos ojos” la respuesta de APM Terminals en torno al monto de la reparación civil, pero que no depende de él aceptar lo sugerido por el Interventor de la terminal portuaria, ya que es una decisión de la PGN.

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