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Nacionales

APM Terminals anuente a pagar reparación civil de US$43.2 millones y avala propuestas del interventor de TCQ para iniciar operaciones


Transnacional confía en alcanzar acuerdo con el Estado para anulación de contrato original del usufructo y suscribir uno de concesión.

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“Esperamos que las autoridades acepten los términos de la propuesta y podamos alcanzar un acuerdo para comenzar a operar esta necesaria y moderna terminal…”, ha señalado hoy Susanne Marston, vicepresidenta de APM Terminals, en respuesta a la sugerencia del interventor de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), Alexander Aizenstatd, la cual persigue que esta pueda iniciar actividades.

En un comunicado divulgado este lunes, la alta ejecutiva indica que APM Terminals, parte del Grupo Maersk, acepta la propuesta que le permitirá operar la TCQ, y que incluye el pago de una reparación civil al Estado de Guatemala por US$43.2 millones, así como la suscripción de un nuevo contrato de concesión a aprobar por el Congreso de la República.

Agregó que la transnacional, que el  pasado 8 de marzo se convirtió en propietaria como parte del proceso de compra de la compañía Group Maritim TBC, mantiene un programa mundial de lucha contra la corrupción de todo tipo. Aclaró que luego de la adquisición, APM se enteró de una supuesta conducta indebida del anterior dueño durante varios años.

“A pesar de no estar asociado a estas acciones, APM se toma muy en serio cualquier denuncia de corrupción. Por eso la compañía inició inmediatamente una investigación interna y ha cooperado en todo momento con las autoridades en su investigación”, precisó el documento atribuido a la vicepresidenta Susanne Marston y divulgado en las redes sociales.

Al exponer que la TCQ constituye la “puerta de entrada al océano Pacífico, tan importante para el crecimiento económico y la competitividad de Guatemala, y que aliviará la congestión actual en dicho puerto”, señaló apreciar “se haya reconocido que APM Terminals no participó en ninguna de las supuestas conductas indebidas que están sujetas al caso penal”.

“Estamos dispuestos, no obstante, a asumir una responsabilidad económica y moral en este caso. La corrupción es dañina para la sociedad y para el desarrollo económico y social; seguiremos trabajando de cerca con las autoridades para luchar contra la corrupción y el tráfico de drogas para que la terminal pueda operar de manera eficiente y transparente”, concluyó Marston.

Sin autoridad

 

Sin embargo, en una comunicación telefónica con elPeriodico.com.gt, el diputado Carlos Barreda, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), explicó este día que el interventor Aizenstatd carece de autoridad alguna para entrar en negociaciones sobre el tema TCQ, ni llegar a acuerdos con dicha empresa, por cuanto no es su función, pero que si lo hiciera incurriría incluso en ilícitos penales.

 

El legislador mencionó además que este lunes la Procuradora General de la Nación (PGN) Gladys Anabella Morfín Mancilla y el propio Aizenstatd debían asistir a una reunión de trabajo por tal caso, pero tampoco lo hicieron. Sólo concurrieron representantes de la Empresa Portuaria Quetzal y el Comisionado Presidencial de Puertos y Aeropuertos, Enrique Godoy.

Ante tales ausencias, Barreda indicó que se reprogramó para el jueves próximo a las 9:30 de la mañana la cita con todos los involucrados.

En detalle

Entre lo propuesto por Aizenstatd

< Anulación voluntaria del contrato de usufructo entre TCQ y la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ).

< Firma de una concesión –no usufructo– a aprobar por el Congreso de la República, ante la falta de un proceso internacional de licitación.

< El pago al Estado de Guatemala de una reparación civil por US$43.2 millones.

< Instalación de equipos de rayos X en la TCQ con inversión superior a los US$6 millones para implementar los controles.

 

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