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Nacionales

Diputados limitan acceso a información bancaria con fines fiscales


La decisión del Congreso es criticada porque se considera que restringe el trabajo de fiscalización de la SAT.

 

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El Congreso aprobó ayer la Ley para el Fortalecimiento de la Transparencia Fiscal y la Gobernanza de la Superintendencia de Administración Tributaria, en la cual se aprobó que el secreto bancario con fines fiscales no se aplicará de manera retroactiva.

En la última de las enmiendas planteadas durante la aprobación del nuevo decreto (37-2016) los congresistas especificaron que toda la norma se apegará al Artículo 15 de la Constitución, el cual establece la irretroactividad de las leyes.

Al respecto, el presidente del Congreso, Mario Taracena, aseguró que con esta decisión no se “blinda” ni beneficia a ningún sector y que únicamente se busca “el respeto a la Constitución”.

Tras la vigencia de la ley, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) podrá pedir información tributaria a las entidades vigiladas por la Superintendencia de Bancos (SIB) como bancos, cooperativas de ahorro y crédito, entidades de microfinanzas, entre otras. Anteriormente, esta información solo se podía obtener para realizar investigaciones judiciales.

El diputado del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación)  Adim Maldonado indicó que la especificación de la irretroactividad se dejó clara en la redacción final para “aclarar dudas” sobre la investigación de cuentas de contribuyentes.

Durante la discusión de la iniciativa en el Legislativo, generó controversia una solicitud que habría enviado el Organismo Ejecutivo para que la regulación del secreto bancario no se aplicara de manera retroactiva y que únicamente se proporcionara información sobre acciones generadas a partir de 2017.

Una camisa de fuerza

De acuerdo con el analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Abelardo Medina, la acción del Congreso de impedir que la SAT tenga acceso a información de años anteriores es una “camisa de fuerza” para la fiscalización, porque los contribuyentes que evadieron impuestos en el pasado quedarán sin castigo.

Medina agregó que para que las investigaciones tengan resultado se deberá esperar hasta 2018 para establecer si alguna compañía o persona individual no cumplió con el pago de tributos.

El Artículo 52 también creó polémica, porque en este se especifica que la información que se brinde a la SAT sobre movimientos bancarios, transacciones, inversiones y otras operaciones, deberá ser autorizada por una resolución de juez competente “en aquellos casos en que exista duda razonable en torno a actividades u operaciones que ameriten un proceso de investigación”.

“Offshores” deberán dar información Para la operación de las entidades  offshore (fuera de plaza) en Guatemala, estas deberán atender las solicitudes de información que realice la SAT o el Banco de Guatemala sobre los depositantes o inversionistas. La información se deberá proporcionar de forma detallada.

Asimismo, con las reformas se eliminó una parte del inciso “b” del Artículo 113 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, en el que se indicaba que “la información sobre las operaciones pasivas deberá ser presentada en forma agregada y sin revelar la identidad de los depositantes o inversionistas”.

La ley establece que los empleados y representantes legales de los bancos no podrán revelar información, a terceros, de las cuentas de los contribuyentes, salvo lo que norma la Ley de Lavado de Dinero u Otros Activos. La información que se entregue a la SAT se deberá hacer según lo establecido en el Código Tributario.

Los principales cambios de la ley

El Presidente de la República ya no podrá nombrar o remover al Superintendente de la SAT, sino que de esto se encargará el Directorio de la institución.

El Superintendente que esté en el cargo cuando entre en vigencia la ley permanecerá en este hasta diciembre de 2020. Se convocará a una Comisión Postuladora para elegir a nuevos miembros del Directorio de la SAT. Esta será integrada por el Ministro de Finanzas.

Las entidades offshore deberán entregar información sobre depositantes o inversionistas que solicite la SAT, para poder operar en el país. Para que se entregue información de contribuyentes tendrá que existir una resolución previa de juez competente.

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