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Nacionales

EG denuncia contratos de dragados inexistentes en el gobierno patriota


CGC iniciará un proceso de auditoría forense, en tanto que diputados presentarán una denuncia penal.

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Diputados de la bancada Encuentro por Guatemala (EG) anunciaron que presentarán una denuncia penal en contra de los funcionarios que estuvieron al frente del Ministerio de Comunicaciones –Alejandro Sinibaldi y Víctor Corado– así como de los titulares del Fondo Social de Solidaridad (FSS) durante el gobierno del Partido Patriota (PP), por la posible inexistencia en trabajos de dragado. De acuerdo a los congresistas, en el periodo 2012 a 2015 la cartera de Comunicaciones adjudicó Q1.6 millardos en 36 contratos.

El informe que fue presentado al titular de la Contraloría General de Cuentas (CGC), Carlos Mencos, detalla además que estas empresas fueron escogidas bajo la modalidad de excepción y de manera restringida. De acuerdo a la jefa de la agrupación Nineth Montenegro, varios de los proveedores que “trabajaron” con Comunicaciones, FSS y la Dirección General de Caminos, están vinculados al caso de Cooptación del Estado.

Dentro de las empresas señaladas están las de Marco Antonio Recinos, representante de Tractores, S.A., actualmente prófugo de la justicia; Carlos Gabriel Guerra Villena, de Constructora del Atlántico, también fugitivo; y Julio Alejandro Quinto Tobar, capturado y representante legal de Macor. “Estas constructoras utilizaron la modalidad de servicios intangibles”, puntualizaba Montenegro, mientras que Mencos se comprometía a comenzar un proceso de fiscalización en los lugares en los que “supuestamente” se ejecutaron los trabajos.

Supervisores

Además, las mismas entidades gubernamentales contrataron varias empresas supervisoras que obtuvieron en contratos Q83 millones. De ellas figuran sociedades creadas recientemente y también una representada por Otto René Flores Negreros, Constructec, vinculado al caso de la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) y ligado al caso de la compra de la casa de descanso en Monterrico, Santa Rosa, del expresidente Otto Pérez Molina.

A juicio de los congresistas estas supervisoras no realizaron su trabajo y pudieron realizar actos de corrupción o pago de comisiones.

La sombra de Baldetti

Dentro de la denuncia planteada al Contralor, los representantes de la agrupación señalaron que la Autoridad para el Manejo del Lago de Amatitlán (AMSA) que estaba bajo la responsabilidad no “oficial” de Mario Baldetti, hermano de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, también manejó en el alquiler de maquinaria pesada durante los cuatro años, Q42 millones, empresas que fueron seleccionadas discrecionalmente.

Montenegro solicitó además a la CGC una auditoría forense en todos los contratos de dragado y de alquiler de maquinaria. Por su parte, el Contralor manifestó que comenzarían con la fiscalización de cada uno de los “supuestos” proyectos.

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