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Nacionales

Diputados señalados por plazas fantasma podrían retardar proceso


Conde Orellana y Taracena promovieron modificación al Artículo 100 para que la vía jurisdiccional sea el último paso.

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Los diputados Luis Rabbé, Carlos Enrique López, Arístides Crespo, César Fajardo, Manuel García Chuta y Christian Boussinot pueden beneficiarse con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Servicio Civil del Legislativo. Los representantes de las bancadas Movimiento Reformador (MR), Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Todos y Alianza Ciudadana son investigados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) por solicitar y autorizar la contratación de plazas fantasma.

La enmienda al Artículo 100 que “blinda” a los congresistas y que demoraría los procesos penales tanto para los diputados como trabajadores fue planteada por los diputados Manuel Conde Orellana, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), y Mario Taracena, presidente del Congreso. Aunque tuvo una corrección de última hora por parte de la legisladora de la bancada Convergencia, Sandra Morán, que argumentó que la “lógica” del  artículo fue cerrar la amplitud que tenía inicialmente, al colocar las palabras “de cualquier índole” y dejar únicamente solo para litigios “laborales”.

Interpretación

De acuerdo a varios abogados penalistas, los congresistas podrían utilizar la figura de “litispendencia” –con la ley aprobada de Servicio Civil del Legislativo– como un mecanismo para dilatar el proceso por el que son señalados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). El artículo aprobado por 91 diputados, detalla que las controversias o litigios laborales deberán de resolverse por medio de la vía ordinaria, ante los órganos de jurisdicción privativa de trabajo y previsión social, una vez agotada esta vía, podrá accionarse ante otros órganos jurisdiccionales competentes.

El Principio de Litispendencia explica que ninguna persona puede ser perseguida o señalada dos veces por la misma causa. Según el Artículo 540 del Código Procesal Civil y Mercantil, manifiesta que cuando sea así se declarará la improcedencia del segundo juicio, lo que significa que los diputados acusados por los delitos de peculado por sustracción y abuso de autoridad “alargarán el proceso” al presentar un recurso de dicho principio.

“Su caso quieren vincularlo con la instancia laboral y yo considero que tienen en sus manos las herramientas para blindarse”, resumió el Director del Bufete Popular de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). De acuerdo al entrevistado será el juez quien tome como pruebas válidas o no los argumentos de los congresistas.

Taracena sintetizó que el artículo no tiene nada polémico, al contrario, expresó, que se especula con lo redactado en el párrafo. “Ustedes están metidos en una fantasía y no están viendo los verdaderos grandes cambios que tiene la Ley de Servicio Civil”, concluyó.

Por su parte Morán, refirió que son los abogados que le dan “interpretaciones” a la ley. Recordó que lo discutido con los jefes de bloque para aprobar el polémico artículo es eliminar la impunidad y que todo proceso debe de hacerse por la vía legal.

Otros beneficios

Además del Artículo 100, también Conde Orellana y Taracena lograron el consenso con todas las bancadas para ampliar el número de asesores por bloques, autorizar dos asesores a los presidentes de las 55 comisiones de trabajo y a los diputados que son miembros de ocho organismos internacionales. Otra de las ventajas aprobadas es que de los tres trabajadores que tienen derecho bajo el reglón 022 pueden desempeñar sus funciones en cualquier parte del país, sin necesidad de acudir al Congreso.

Presidente solo debe publicar la Ley

Hoy será trasladado a todas las bancadas del Congreso el Decreto 36-2016 Ley de Servicio Civil del Legislativo, para que sea conocido por los 158 diputados. Se prevé que la próxima semana se envíe al Ejecutivo para que ordene su publicación en el Diario Oficial y cobre vigencia inmediatamente.

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