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Nacionales

Integrantes de “Los Topacio” enfrentan la justicia en Tribunal de Sentencia


Banda es sindicada de haberse apropiado ilegalmente de al menos 29 bienes inmuebles por lo cual se les atribuyen numerosos cargos penales.

 

 

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Por los delitos de asociación ilícita, falsedad material e ideológica, uso de documentos falsificados, estafa, casos especiales de estafa, usurpación de calidad, cohecho pasivo y activo, el Tribunal B de Mayor Riesgo ha iniciado hoy el juicio oral y público a 32 personas sindicadas de conformar el grupo criminal Los Topacio dedicado al despojo de 29 propiedades o vender varias veces inmuebles ajenos, por lo que cometieron estafas fingiendo que eran los dueños verdaderos.

Las primeras capturas, luego de denuncias presentadas al Ministerio Público (MP) por centenares de los afectados, comenzaron en diciembre del 2013 y entre los sindicados figuraron ocho abogados, trabajadores del Estado, “gestores” y los testaferros para definir las transacciones especialmente en sectores de Sacatepéquez, Izabal y Guatemala, donde se ubican las residencias y terrenos.

La Fiscalía documentó que la gavilla llegó al extremo de utilizar la violencia en contra de las víctimas, incluso con crímenes en busca de evitar ser identificados sus miembros, y que para la consecución de los anómalos fines contaba con la complicidad de empleados públicos en instituciones claves como el Registro General de la Propiedad, donde los inscribían usando documentos falsos autenticados por notarios.

El MP acreditó que:

< Los Topacio funcionaba desde el 2000.

< La estructura criminal identificaba un bien inmueble y estudiaba el perfil de la víctima para facilitar la acción delictiva, ya que en algunos casos las víctimas eran adultos mayores o vivían en el extranjero.

< La fiscalía cuenta con 150 testigos, 70 peritajes y declaración de las personas afectadas.

< Notarios registraban los bienes inmuebles a nombre de un testaferro, este los vendía a precios accesibles a una tercera persona.

< Abogados falsificaban las firmas de los legítimos propietarios en escrituras públicas de compraventa y de esta manera operaban las inscripciones en el Registro General de la Propiedad.

 

< Seis de los dueños fueron asesinados, entre ellos la jueza Flor de María Gil Ovalle y su hijo Homero Juárez Gil, el 03 de agosto 2009.

 

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