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Nacionales

Acusado de haber permitido “coima” de Q1 millón 800 mil, Arnoldo Medrano está otra vez en el banquillo


Por abuso de autoridad en forma continuada y concusión porque cedió cobro del IUSI a empresa particular (de familiares suyos), se inicia debate público y oral contra ex alcalde de Chinautla.

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El ex alcalde de Chinautla (Guatemala), Edgar Arnoldo Medrano Menéndez, de 64 años, se encuentra sentado de nuevo en el banquillo de los acusados, solo que a partir de hoy en el Tribunal Octavo de Sentencia Penal que lo juzga por abuso de autoridad en forma continuada y concusión, delitos que habría cometido al ceder el cobro del IUSI a una empresa particular –de familiares suyos–.

Según la denuncia original presentada por el Ministerio Público (MP), del 1 de enero 2011 al 13 de agosto 2012 la firma Dinámica Constructiva, Sociedad Anónima (Dicosa), cobró Q14 millones 224 mil 613.24 en concepto de Impuesto Único Sobre Inmuebles en el municipio, quedándose con Q1 millón 793 mil 350.75 equivalente al 15 por ciento del total ingresado a las arcas, lo cual se califica de ilegal.

La investigación logró establecer que la supuesta compañía –que manejaba Aryson Rubely Cordón, nuera del alcalde– en realidad no era la que ejecutaba la cobranza del tributo a los vecinos de la circunscripción, sino que esto lo hacían empleados de la corporación, pero que aún así se embolsó la millonaria cifra de dinero lo cual motivó una serie de pesquisas al respecto.

Pese a que su abogado defensor Haroldo Juárez subrayó repetidamente que la contratación fue aprobada por el Concejo Municipal, que la ley de la materia no lo prohíbe y que su cliente en ningún momento recibió dinero (comisiones), el 11 de mayo último el juez séptimo Adrián Rodríguez lo envió a juicio por petición de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y el MP.

Pero no solo Medrano –que había prolongado desde 1988 sus mandatos debido a reelecciones en el cargo– fue inicialmente detenido por el caso IUSI/Dicosa. Ya enfrentaron una primera etapa judicial su nuera Aryson Rubely Cordón, administradora de esa empresa, y el contratista Julio Alvarado, absueltos por el Tribunal Séptimo de Sentencia en 2014. El fallo fue apelado, pero ratificado por una Sala.

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