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Nacionales

Contratista del Estado busca evitar fiscalización en negocios con TuMuni


Viviana Quiñónez Paiz se niega a dar una versión sobre los contratos que ha recibido de la comuna una empresa que ella representa.

 

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La jueza Esther Elizabeth Mancio Reyes, titular del Juzgado Cuarto de Paz Móvil, otorgó medidas de seguridad a Viviana Quiñónez Paiz de Quezada, representante de una empresa proveedora de la Municipalidad de Guatemala, por supuesta violencia contra la mujer de parte de un reportero de elPeriódico.

La denuncia se debe a que el periodista Pavel Vega llegó al lugar de trabajo de Quiñónez Paiz el pasado 29 de junio, para buscar su versión para una nota periodística en la que se habla sobre un contrato de Q3 millones 81 mil con el que la comuna capitalina favoreció a la empresa TVQ, S.A., de la cual ella es representante.

En la resolución de la juzgadora se explica que las medidas, por tres meses, se otorgaron “para proteger la vida e integridad de la denunciante y su núcleo familiar”, pues la demandante sufrió violencia contra la mujer de tipo psicológico.

A criterio del presidente de Acción Ciudadana (AC), Manfredo Marroquín, la reacción de la demandante está “fuera de lugar” porque un contratista del Estado debe rendir cuentas debido a que existe de por medio dinero público.

“Esto se puede interpretar como un acto de intimidación contra el mismo periodista, y es una amenaza solapada que busca callar al reportero”, agregó Marroquín, al recordar que las alcaldías cumplen muy poco con la Ley de Acceso a la Información Pública.

Contratos con la Municipalidad

El politólogo Renzo Rosal indicó que cuando una persona es cuestionada por actos anómalos, generalmente contraataca para seguir haciendo los mismos negocios. Agregó que es lamentable que para su defensa los contratistas utilicen las leyes más allá del marco de acción de estas.

“No es tan común este tipo de actitudes, esto es más sofisticado porque requiere un cierto conocimiento y asesoría. Parecería que hay alguien más detrás de esta acción legal”, aseguró Rosal.

La representante de TVQ, S.A. también inició un J uicio de Imprenta contra Vega por injuria y difamación, debido a publicaciones hechas por contratos otorgados a esa empresa por la comuna capitalina.

El procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jorge de León Duque, indicó que las medidas de seguridad contra el periodista no se debieron autorizar porque no existe relación entre él y la persona demandante, y que estas son “argucias” que se deben rechazar porque la vía judicial no es la correcta para accionar en estos casos.

Las fotos con el alcalde

Quiñónez Paiz ha publicado en redes sociales fotografías en las que aparece con playeras con el logotipo del Partido Unionista (PU), agrupación del alcalde capitalino Álvaro Arzú, con quien también aparece en algunas fotografías.

De acuerdo con los registros del portal Guatecompras, desde 2008 la Municipalidad de Guatemala le ha otorgado Q20 millones 412 mil 530 en contratos a TVQ, S.A. En la acción legal, la demandante pide que el reportero no la busque y tampoco se acerque a su lugar de trabajo porque se siente “hostigada”.

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