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Nacionales

«El antejuicio absoluto hace sentir a los corruptos que están por encima de la ley” Marta Altolaguirre, abogada constitucionalista


Marta Altolaguirre, quien ocupó la jefatura de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos y del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), consideró que el derecho de antejuicio debe beneficiar solo a los presidentes de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), pero que en estos casos sea permitido al Ministerio Público (MP) investigar los indicios o hallazgos de hechos anómalos que involucren a estos funcionarios.

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¿Qué opina usted de la forma como hasta ahora se ha aplicado el derecho de antejuicio?

– Se ve cómo ha sido aprovechado y mal aplicado para cometer abusos desde los cargos públicos que tienen este beneficio jurídico. Vemos cómo se ha corrompido el espíritu de este derecho a favor de funcionarios que cometen ilícitos o delitos.

¿Esto sucede porque jurídicamente la figura es débil y la Ley en Materia de Antejuicio lo permite?

– Lo lógico dicta que debería mantenerse en cargos cruciales como lo son las presidencias de los tres Organismos del Estado, pero que a la vez se autorice una investigación al MP, que no se le vede esa posibilidad, más cuando se tienen pruebas contra la persona a la que se le solicita antejuicio. Si la investigación confirma los indicios, que el funcionario se retire del cargo.

El problema es que el Sistema de Justicia no ha logrado corregir este tipo de abusos. Si los jueces y magistrados resolvieran en un tiempo prudencial, si se aplicara el principio de Justicia Pronta y Cumplida, estos casos deberían ser los menos, porque solo se declararía que no procede el antejuicio cuando la denuncia está basada en hechos falsos, y entonces se sancionaría a las personas que lo promueven, porque la denuncia carece de veracidad.

Pero, esto no sucede.

– No, porque el Sistema de Justicia no evolucionó al ritmo de los movimientos y cambios que se están dando en Guatemala, y porque existe esto que ha sido evidenciado y que es la cooptación del Estado por grupos del crimen organizado. Debería existir una respuesta más congruente para atender la lucha contra la corrupción. No hay una legislación de cómo proceder. Era elemental que el Sistema tenía que impulsar ciertas medidas para rechazar o investigar en evidentes cargos de corrupción o mal manejo de un cargo público.

¿Cree usted que con eliminar el derecho de antejuicio podría existir una solución a lo que hoy ocurre?

– Sí es posible, pero siempre y cuando se lograra conseguir que el Sistema de Justicia controlara las acusaciones falsas o sin fundamento que debilitan al funcionario. Pero esos mecanismos de control no se consiguen de la noche a la mañana. Entonces, preocupa que si se elimina, esta posibilidad sea aprovechada por personas sinvergüenzas que lo único que buscan es desacreditar y afectar la imagen de una figura pública o para suspenderlos en el cargo. Personas que buscan provocar problemas al ejercicio de la función pública. Entonces se vuelve un tema complicado porque no se puede enfrentar la cantidad de personas que pidan de forma abusiva o incorrecta se declare contra alguien un antejuicio.

¿Debería entonces impulsarse reformas a la Ley en Materia de Antejuicios?

– Uno de los temas que se debería de tratar es que no represente la suspensión del ejercicio del cargo público por el hecho de que existan señalamientos en contra del funcionario, sino que se autorice una investigación si hay indicios suficientes para fundamentar esa acusación. Pero es difícil un cambio de criterios y de resoluciones en el sentido de garantizar que una persona correcta no sea destituida cuando no hay evidencias que sustenten un señalamiento en su contra. Pero, ahora el antejuicio absoluto hace sentir a los corruptos que están por encima de la ley.

Entonces, ¿se requiere un Sistema de Justicia distinto para que camine un nuevo procedimiento de antejuicio?

– Por la difícil situación por la que pasan las instituciones ahora, es complicado eliminar este beneficio jurídico inmediatamente. Hay que poner en la balanza qué es más dañino: que desaparezca o dejarlo para proteger los cargos más vulnerables a ser dañados por acusaciones falsas.

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