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Nacionales

Contraloría General de Cuentas impone multas por Q21.5 millones luego de auditar 25 fideicomisos


En el informe presentado en mayo, la Contraloría General de Cuentas (CGC) reveló los resultados de un análisis exhaustivo de esta clase de instrumentos financieros utilizados por ministerios y municipalidades, principalmente. Evidenció 235 hallazgos, que pueden ser dilucidados.

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 De acuerdo con César Armando Donis Díaz, director de Auditoría de Fideicomisos de  la CGC, cada año esta  entidad efectúa auditorías  a fideicomisos y se registra y fiscaliza la forma como se constituyen, administran y funcionan. En 2015, fueron auditados 25  de estos instrumentos financieros constituidos por los ministerios de Finanzas, Comunicaciones, Agricultura y Desarrollo Social; las municipalidades de Guatemala, Villa Nueva, Mixco y Santa Catarina Pinula y el Fondo Vial, Fonagro, Fonapaz, Fodigua, Fontierra, Fonades y el Fondo Social de Solidaridad.

El análisis de cada uno de estos fideicomisos, que fueron creados con el objetivo de administrar recursos destinados a programas específicos, a veces resulta complicado para los auditores de la CGC, más cuando los recursos están depositados en bancos, como el de Guatemala y otros privados, o debido a la poca colaboración de las instituciones fiscalizadas. Así quedó registrado en el Informe de Auditoría efectuado entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2015.

Sin embargo, el equipo de profesionales de la Contraloría consiguió información sobre los movimientos financieros, los activos, pasivos, la disponibilidad, la selección y conformación de los distintos Comités Técnicos, la forma como fueron asignados fondos a sueldos, proyectos, programas y adquisiciones. En estas evaluaciones, los auditores evidenciaron 235 hallazgos, de control interno y financieros, los cuales fueron sancionados por Q21 millones 584 mil 598.

Las mayores sanciones económicas recayeron en cuatro fideicomisos: Fondo Social de Solidaridad (Q7 millones 355 mil 886), Metropolitano de Manejo de Recursos Naturales y Recreación, Cultura y Deporte (Q1 millón 489 mil 067), el de Planificación, Desarrollo del Municipio de Villa Nueva  (Q1 millón 334 mil 490) y el de Apoyo a la Planificación Urbana (Q1 millón 618 mil 710),  porque entre los cuatro sumaron 80 hallazgos.

Los auditores también evidenciaron cinco presuntas irregularidades que fueron denunciadas al Ministerio Público (MP) en: el Fideicomiso de Recursos Naturales y de Recreación, Cultura y Deporte de la Municipalidad de Guatemala, por delegación de funciones (denuncia DAJ-D-F-226-2016); el Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria (Fonagro), por contratar servicios profesionales sin cumplir procedimientos (denuncia DAJ-D-F-242-2016); dos en el Fondo Social de Solidaridad por la compra directa de cupones canjeables por suministros, amparada en el Estado de Excepción, que fueron pagados, pero el material no se recibió (denuncia DAJ-D-F-96-2016), y el incumplimiento de normas y disposiciones legales en el pago de contrato rescindido (DAJ-D-F-140-2016)

También contra el Programa de Desarrollo Integral en Áreas con Potencial de Riego y Drenaje del Ministerio de Agricultura, por incumplimiento del objetivo del fideicomiso (denuncia DAJ-D-F-397-2016).

De acuerdo con Donis Díaz, tras ser publicado el informe y las multas correspondientes los funcionarios aludidos tienen la posibilidad de dilucidar los hallazgos con pruebas fehacientes y documentos de respaldos. “El debido proceso da oportunidad de aclarar los hallazgos con una contrarrevisión o la prueba de diez días”, afirmó.

En caso de que el hallazgo sea confirmado, la persona señalada debe cancelar la multa impuesta, pero la ley faculta a la CGC a hacer un descuento del 50 por ciento, agregó el director de Auditoría de Fideicomisos.

Las denuncias

De acuerdo con los criterios de los auditores, de los 235 hallazgos cuatro deben ser investigados por el MP por la presunción de que se pudo cometer un ilícito.

En el caso del Fideicomiso de Recursos Naturales y de Recreación, Cultura y Deporte utilizado por la Empresa Municipal de Agua (Empagua), la CGC consideró que hay delegación de la función pública dado que esta dependencia de la Municipalidad de Guatemala transfirió sus recursos al banco fiduciario (CHN), y que este es ahora el pagador de proyectos y obras que impulsa Empagua. Los auditores señalaron que es a esta empresa municipal a quien corresponde la prestación de los servicios públicos y ejecución de los proyectos.

Empagua aseguró en el momento de presentar pruebas de descargo, que esto no ocurre ya que el banco fiduciario actúa en cumplimiento y apego al contrato y no por delegación de funciones.

La denuncia contra el Fonagro tiene como base la contratación de la gerente general del Fideicomiso, sin cumplir con los requisitos de ley, ya que fue seleccionada para ocupar el cargo Astrid García-Salas Guzmán, quien posee título de licenciada en Zootecnia. Asimismo, el Ministro de Agricultura autorizó el nombramiento del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, por medio de un Acuerdo Ministerial y no un contrato.

Los miembros del Consejo Directivo del Fideicomiso aseguraron que el responsable directo de la contratación de García-Salas Guzmán, por Q33 mil al mes, fue  el exministro Elmer López, quien ocupó el cargo del 14 de enero de 2014 al 2 de febrero de 2015.

Por el pago de 1,351 cupones (canjeables por puertas de metal y ventanas de aluminio para casas tipo A y B)  con un valor de Q4 millones 261 mil 756 a la empresa CB, S.A., la Contraloría denunció en el MP al Fondo Social de Solidaridad.

El desembolso se efectuó el 8 de abril de 2015, por medio de  una compra directa bajo Estado de Excepción decretado el 7 de julio de 2014. Sin embargo, la compañía incumplió con el pedido.

Los responsables del Fondo aseguraron a la Contraloría que el 22 de febrero pasado, la compañía hizo entrega de 1,129 kits de puertas y ventanas y de un reintegro de Q703 mil 704. Aseguraron que el pedido estaba resguardado en una bodega.

La otra denuncia contra este Fondo tiene relación con la solicitud que esta entidad hizo el 5 de mayo de 2015 a un banco del sistema, para pagar Q2 millones 533 mil 560 en concepto del primer desembolso para el dragado y construcción de una borda en el río Seco,  Santo Domingo Suchitepéquez, pese a que había sido rescindido el contrato con la empresa Acceso Luis Rafael Guerra Sandoval, el 20 de julio de 2010.

El Fondo aseguró que el contrato con esa compañía fue modificado en 2011, y por ello estaba vigente al momento de efectuarse el pago. La CGC rechazó este argumento.

Quinta denuncia

La CGC, además, presentó una querella contra el Fideicomiso del Programa de Desarrollo Integral en Áreas con Potencial de Riego y Drenajes, a cargo del Ministro de Agricultura, por autorizar la compraventa de un bien inmueble, a plazos y ad corpus, de un Activo Extraordinario a Óscar Edilberto Pineda Barahona, por Q750 mil.

Los auditores señalaron que los responsables del fideicomiso habían incumplido con el objetivo de este instrumento financiero, que es otorgar créditos para proyectos de riego a pequeños y medianos agricultores.

En el informe presentado en mayo, la Contraloría General de Cuentas (CGC) reveló los resultados de un análisis exhaustivo de esta clase de instrumentos financieros utilizados por ministerios y municipalidades, principalmente. Evidenció 235 hallazgos, que pueden ser dilucidados.

Más en el Ejecutivo

La Contraloría General de Cuentas identificó en 2014, que a esa fecha se habían constituido 135 fideicomisos por el Gobierno Central (86), entidades descentralizadas y autónomas (23) y municipalidades (26). Había 66 vigentes y 69 a los que se les había vencido el plazo.

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