[theme-my-login default_action="register" show_links="0"]

¿Perdiste tu contrseña? Ingresa tu correo electrónico. Recibirás un correo para crear una nueva contrseña.

[theme-my-login default_action="lostpassword" show_links="0"]

Regresar

Cerrar

Publicidad

Nacionales

Justicia de Transición y combate a corrupción, temas enfocados por fiscal general Thelma Aldana en foro Construcción de la Paz


Panel de discusión de alto nivel es realizado en Nueva York por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

foto-articulo-Nacionales

“Nadie debe estar por encima de la ley” ha sentenciado esta mañana en Nueva York la Fiscal General de Guatemala, Thelma Esperanza Aldana Hernández, durante su intervención en el foro Construcción de la Paz, el que se realiza bajo los auspicios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La funcionaria ha compartido en el panel de discusión de alto nivel, como se denomina al evento, las experiencias de país por parte del Ministerio Público (MP) en ese esfuerzo con el apoyo del PNUD Guatemala, y ha aludido a casos paradigmáticos, significativos y emblemáticos como Sepur Zarco, Creompaz y Molina Theisen.

Aldana ha cerrado su intervención haciendo referencia a la lucha contra la corrupción y el impacto provocado al ser encarcelados exaltos funcionarios de gobierno. El Representante Permanente de Guatemala ante la ONU, José Alberto Sandoval, reconoció esos esfuerzos de la Fiscal General y la felicitó por su trabajo en la lucha por la construcción de paz.

A continuación, lo expuesto por Thelma Aldana hoy en Nueva York:

Ponencia Fiscal General de la República de Guatemala y Jefa del Ministerio Público, Magister Thelma Esperanza Aldana, en ocasión del PNUD sobre Fortalecimiento del Estado de Derecho en situaciones de crisis.

La violencia sexual en contextos de conflicto y post conflicto.

El caso Sepur Zarco, un ejemplo de Justicia de Transición 

El día de hoy, como Fiscal General y Jefa del Ministerio Público de Guatemala y como mujer guatemalteca, me siento honrada por participar en la reunión anual del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo sobre Fortalecimiento del Estado de Derecho en situaciones de crisis.

El PNUD ha sido un aliado estratégico e incondicional que a lo largo de los últimos años  ha acompañado el fortalecimiento de las instituciones que conformamos el sistema de justicia, en un país con grandes desafíos en el que hemos comenzado a vislumbrar la luz que nos confirma que nos conducimos por la senda correcta, donde debemos juntos transitar.

Entre 1960 y 1996 Guatemala sufrió un enfrentamiento armado interno durante el cual se cometieron de forma sistemática y generalizada graves violaciones a los derechos humanos. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico –CEH– auspiciada por Naciones Unidas, registró un total de 200,000 víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, concluyendo que el 83% de las víctimas pertenecía a pueblos indígenas mayas.

La CEH estableció que, además de todas las formas de violación a los derechos humanos, las mujeres sufrieron formas específicas de violencia de género. La forma más común de violencia fue la violación sexual. Las niñas y las mujeres indígenas de las áreas rurales fueron las más agredidas. Según la CEH,  88.7% de las víctimas de violación sexual pertenecían a grupos Mayas; 62% entre 18 y 60 años, 35% niñas y 3% ancianas.

El 29 de diciembre de 1996 se firmó en Guatemala la paz firme y duradera. Los acuerdos contienen puntos principalmente orientados a garantizar y proteger la plena observancia y el respeto de los derechos humanos, el compromiso de investigar las violaciones de los derechos humanos ocurridos en el enfrentamiento así como el reconocimiento de la identidad y derechos de los pueblos indígenas como base para la construcción de una nación multiétnica, pluricultural y multilingüe.

Si bien han habido avances en la implementación de la Agenda de la Paz, uno de los grupos cuyos derechos continúan más rezagados son las mujeres. En todo el mundo, miles de mujeres han sido víctimas de violencia sexual en situaciones de conflicto armado.

La violencia sexual en estos contextos se configura como un instrumento de degradación de las víctimas desde su identidad sexual, y una forma de violencia hacia la comunidad a través del daño a la intimidad de las mujeres.

En condiciones de guerra los efectos son mucho más devastadores, pues el tejido social está roto y se lleva la condición humana en un estado límite de extrema vulnerabilidad.

En Guatemala, durante muchos años la violencia sexual ha sido una dimensión oculta de la guerra. En la década de los 80s, un grupo de 15 mujeres Q’echi’ de la aldea Sepur Zarco, en el nororiente del país, fueron abusadas sexualmente, explotadas laboralmente y mantenidas como esclavas en un destacamento militar, luego de que sus esposos fueran asesinados o desaparecidos.

Para conseguir justicia, las mujeres indígenas tuvieron que agruparse, organizarse y animarse a hablar. Un proceso nada fácil que contó con el acompañamiento de varias organizaciones de mujeres que en 2009 unieron fuerzas para formar la alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad.

El trabajo de acompañamiento comunitario se complementó con un trabajo de asesoría legal y acompañamiento psicosocial para apoyar a las mujeres a llevar el caso antes la justicia penal formal.

En este contexto se inserta la labor de investigación y persecución penal del caso por parte del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Derechos Humanos, que estuvo realizando las diligencias de investigación:

  • Provisión de evidencia testimonial

A raíz de estas investigaciones, el 14 de junio de 2015 fueron emitidas órdenes de captura en contra del teniente encargado del destacamento militar, Esteelmer Reyes Girón, y el jefe de los comisionados militares de Panzós, Heriberto Valdez Asij.

En la audiencia de primera declaración y en base a la imputación formulada por el Ministerio Público, el juez resolvió que había indicios suficientes para sospechar que los sindicados eran culpables de violaciones, desapariciones, esclavitud, trabajo forzado.

El juicio finalmente comenzó el 1 de febrero de 2016.  Un grupo de mujeres mayores, indígenas y monolingües (la mayoría de habla q’eqchi’, no español), en condiciones que por lo general implican la exclusión del sistema de justicia, se enfrentaban empoderadas a quienes ejercieron la violencia sin restricciones durante el enfrentamiento.

El 26 de febrero 2016, las mujeres de Sepur obtuvieron una sentencia condenatoria, emitida por el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, que por primera vez en la historia del país y uno de los pocos en el mundo, juzga crímenes de Deberes contra la Humanidad en la forma de violencia sexual, esclavitud doméstica y esclavitud sexual, condenando a los dos acusados a 120 y 240 años de cárcel.

La sentencia Sepur Zarco es significativa también desde la perspectiva de la reparación. El Tribunal  ordenó que se construyera un centro de salud; que se mejoraran las escuelas de la región; que los militares recibieran formación en derechos humanos y prevención de la violencia contra las mujeres; que la sentencia del caso de Sepur Zarco se tradujera a los veinticuatro  idiomas mayas y que en la municipalidad de El Estor se construyera un monumento que represente la búsqueda de justicia de las mujeres de Sepur Zarco.

El caso Sepur Zarco, como otros casos que están siendo impulsados en Guatemala, integran cabalmente muchos de los elementos y principios de la justicia de transición acorde a la definición de Naciones Unidas.

Las mujeres de Sepur Zarco decidieron romper el silencio, contaron su verdad, se empoderaron para decidir llevar su caso ante los tribunales y obtuvieron justicia.

La sentencia Sepur Zarco incluye una serie de medidas de reparación que reflejan demandas de desarrollo estructural, demostrando que las causas que dieron vida al conflicto armado interno, demandas de desarrollo, de educación, vivienda, salud, todavía están pendientes sobre todo en las áreas más pobres y marginalizadas de Guatemala y, marcan un desafío no superado para el país, de cumplir con garantizar la no repetición.

Verdad, Justicia, Reparación, No Repetición representan los 4 pilares de la justicia de transición, que lejos de ser elementos aislados tienen que integrarse en una visión holística, integral e interdependiente, así como enfatiza el Informe de 2013 del Relator Especial de las Naciones Unidas por la promoción de la verdad, justicia, reparación y garantías de no-repetición, Pablo de Greiff.

En este sentido la búsqueda de la verdad, por cuanto reparadora para quienes necesitan esclarecerla, sin que vaya acompañada de los proceso de justicia y reforma de las instituciones, puede ser vista solo como un relato. La reparación si no está relacionada con los procesos de búsqueda de la verdad, puede ser vista como un intento de asegurarse el silencio de las víctimas.

Del mismo modo, la reforma de las instituciones sin ningún intento por satisfacer las expectativas legítimas de justicia, verdad y reparación de las víctimas, no cuentan con una base sólida para el éxito y para garantizar la no repetición.

Se trata de procesos estructurales que marcan las rutas hacia la consolidación de un verdadero Estado de Derecho y que tocan todo el entramado del tejido social, tanto de las instituciones como de la ciudadanía y por ende se trata de procesos largos, complejos, que deben ser acompañados con una visión integral de largo plazo y centrada en la voz y representación de las víctimas para que realmente se trate de procesos útiles para la transición hacia una sociedad comprometida con la paz y la reconciliación.

En los últimos años Guatemala ha realizado esfuerzos significativos en la lucha contra la impunidad y en acercar la justicia a la población, incluyendo la justicia de transición.

En este sentido, desde el 2010 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- en Guatemala ha venido acompañando el desarrollo de capacidades del Estado y de la sociedad civil para el ejercicio integral de los derechos a la verdad, justicia y reparación y no repetición para las víctimas del enfrentamiento armado en el marco del fortalecimiento del Estado de Derecho y la Paz.

En los últimos años gracias al compromiso de las instituciones y de la sociedad civil organizada, la justicia de transición ha avanzado alcanzando resultados de impacto:

  • Más de 17,000,000 documentos de los archivos históricos del periodo del conflicto armado interno pertenecientes a la antigua Policía Nacional, organizados, clasificados y accesibles al público y a las instituciones de la justicia.
  • Avances sustanciales en el sistema de justicia de 20 casos paradigmáticos de violaciones a los derechos humanos.
  • Más de 600 exhumaciones en cementerios clandestinos a nivel nacional e identificación de más de 2,000 víctimas.
  • Más de 20,000 familiares de víctimas han recibido apoyo legal y acompañamiento  psicosocial en el proceso de búsqueda de sus familiares y durante los procesos judiciales.

El PNUD ha sido un aliado del Ministerio Público y de la Fiscalía de Derechos Humanos en la formación especializada en crímenes internacionales, y  fortalecimiento de herramientas, planes y políticas institucionales para mejora de la investigación criminal y la persecución penal de graves casos de violaciones a los derechos humanos cometidos en el conflicto armado interno.

Específicamente, el PNUD ha apoyado el desarrollo de las capacidades de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público para perseguir penalmente casos de violencia sexual contra mujeres durante el enfrentamiento.

Sin embargo, la lucha contra la impunidad de los casos de violencia contra la mujer no se agota en Guatemala, únicamente con los casos del pasado. La violencia contra las mujeres ha sido un continuum que encuentra muchas raíces en el enfrentamiento armado interno, y que en la actualidad atraviesa toda la sociedad guatemalteca, con una fuerte cultura patriarcal y machista que deja a las mujeres, niñas y niños vulnerables ante la violencia física, emocional y económica.

A pesar de que a partir de 2009 Guatemala ha experimentado una leve pero sostenida baja de la tasa de homicidios, las muertes violentas de mujeres siguen siendo altas. Los casos de femicidio, el asesinato de mujeres por razones de género, se han incrementado en los últimos años.

En 2010 Guatemala se convirtió en el primer país en Latino América en crear Tribunales especializados para casos de femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres, conformados por jueces y juezas especializados en temas de género.

En la actualidad, el Ministerio Público está en proceso de crear la primera Fiscalía de Femicidio en Guatemala, que estará a cargo de investigar y perseguir los casos de muertes violentas de mujeres que presenta elementos constitutivos de un femicidio.

Quisiera terminar con una reflexión: la necesidad de luchar contra la impunidad como parte de una estrategia integral de justicia de transición, es ampliamente reconocida al nivel internacional como un elemento clave que contribuye a sus objetivos de largo plazo: no existe reconciliación justa y duradera si no se satisface efectivamente la necesidad de justicia [1].

La lucha contra la impunidad reconoce a las víctimas como sujetos de derechos; aumenta la confianza en el sistema de justicia; fortalece el Estado de Derecho demostrando que nadie está por encima de la ley, independientemente de su cargo o estatus, y fortalece la vigencia de los derechos humanos ya que transmite a la población el mensaje que existen valores y principios esenciales cuya violación no será tolerada.

Guatemala en este momento está viviendo un proceso histórico a raíz de las investigaciones que el Ministerio Público, con el apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad –CICIG- está realizando para la desarticulación de múltiples estructuras criminales de corrupción insertas en las instituciones públicas.

Estas investigaciones han escalado hasta concluir con órdenes de captura que han tocado los más altos vértices del gobierno anterior. En este escenario se han ido creando de manera genuina movimientos sociales de protesta contra la impunidad y la  corrupción, y se ha ido fortaleciendo una demanda social orientada a la realización de reformas estructurales pendientes desde la firma de los Acuerdos de Paz.

Esta situación demuestra cómo la lucha contra la impunidad, tanto del pasado como del presente, representa un pilar del Estado de Derecho y la consolidación de la paz en una sociedad democrática.

Es un tiempo de oportunidades para Guatemala, para una profundización en la democracia y el imperio de la ley, así como para encontrar nuevos consensos sobre el futuro del país para la renovación del esquema del Estado de Derecho, lo cual representa una oportunidad concreta para avanzar en el camino hacia la consolidación de la paz.

  • [1] Conjunto de Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad, 8 de febrero 2005, E/CN.4/2005/102/Add.1, Preámbulo.

Publicidad


Esto te puede interesar

noticia Hugo Maul R.
CNEE: Lamentable pérdida

Su renuncia constituye una señal muy negativa sobre la credibilidad del ente regulador del mercado. 

noticia Tulio Juárez
Tránsito será paralizado en puente Chetumal, km 84 Atlántico

Covial indica que por trabajos de mantenimiento en dirección al norte no se podrá circular, pero sí hay vías alternas.

noticia
10 joyas escondidas en Netflix que te salvarán del aburrimiento


Más en esta sección

Fundación Myrna Mack declina reunirse con delegados de la OEA

otras-noticias

MP realiza cuatro allanamientos en Escuintla por pornografía infantil

otras-noticias

Alcaldes, un apoyo a Giammattei condicionado a Presupuesto

otras-noticias

Publicidad