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Nacionales

«Si hoy funciona o no el antejuicio, es porque hay autoridades que están cooptadas” Hugo Maúl Figueroa, abogado


El, expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), considera que el derecho de antejuicio no tendría porqué beneficiar a candidatos a puestos de elección popular, ya que, justamente a causa de los abusos de los políticos, hoy se habla de la necesidad de eliminar este beneficio jurídico.

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¿Qué opina usted sobre el derecho a antejuicio del que gozan algunos funcionarios?

– Es un tema que ha cobrado relevancia en los últimos días a raíz de la situación que viven algunos funcionarios involucrados en hechos delictivos. Considero que la figura en sí del antejuicio se debe mantener, porque el funcionario está expuesto a que personas inconformes puedan promover una querella en su contra por delitos que no cometió o sin fundamento, que le pueden ocasionar problemas en sus funciones públicas. Eliminar este beneficio judicial es un poco complicado porque se requieren reformas constitucionales. No es algo que se pueda eliminar solo con modificar la Ley en Materia de Antejuicios.

¿Pero, tal y como es utilizado ahora el antejuicio no resulta funcional en casos judiciales?

– Un beneficio de este tipo ayuda a proteger a funcionarios probos, pero hay que tomar en consideración que deben hacerse algunos cambios, porque en 2002 se hizo reformas a la Ley en Materia de Antejuicios que ocasionó que se desvirtuara este derecho.

¿Podría explicar lo que sucedió?

– Antes de esa fecha, cuando se declaraba con lugar el antejuicio a un funcionario este quedaba suspendido del cargo. Ahora, se le separa del puesto hasta cuando va a prisión. Esto desvirtuó el antejuicio porque, cuando se declara con lugar es porque hay indicios suficientes de que se pudo haber cometido un ilícito. Eso debe corregirse, hay que volver al modelo anterior y que se suspenda al funcionario en el ejercicio del cargo, cuando se declara el antejuicio. Pero, si resulta absuelto, que se le paguen los salarios que no devengó. Ese es un cambio que puede hacerse a la ley actual.

¿En qué casos cree usted que no debe otorgarse el derecho de antejuicio?

– Ahora, el antejuicio beneficia aquellos casos que establece la propia Constitución, es una excepción al Principio de Igualdad. Los funcionarios que gozan del beneficio tienen respaldo constitucional. Otros, como los candidatos a puestos de elección también cuentan con esta prerrogativa legal, pero en estos casos no debería existir, porque es una protección al cargo, a la función pública y no a la persona. Estas modificaciones a la Ley en Materia de Antejuicios y la Electoral y de Partidos Políticos, se pueden hacer.

Ahora con este beneficio legal el Ministerio Público (MP) está imposibilitado de efectuar una investigación penal, ¿esto es un obstáculo?

– El MP tendría que impulsar investigaciones sin tropiezos cuando se ha conocido el antejuicio, sin obstáculos. Pero, antes, como bien lo dice la Fiscal General y el Comisionado de la CICIG, ¿cómo se puede armar un caso si no se puede investigar al funcionario? Esto es incongruente, porque se requiere buscar elementos básicos para respaldar la solicitud de un antejuicio y justificar su procedencia.

¿Qué hacer para que el antejuicio funcione de manera adecuada?

– Se necesita que la autoridad judicial que conoce de los antejuicios y el filtro establecido en la Corte Suprema de Justicia funcionen de manera independiente, sin presiones de tipo político. Otro problema que tiene es que es muy largo. Por ejemplo, los que conoce la Corte de Apelaciones da 60 días de plazo al juez pesquisidor. Él no tiene porqué ponerse a buscar pruebas, sino resolver si hay fundamento para promover la acusación. Para eso no se necesita un plazo tan largo. Habría que agilizar. Eso podría hacerse con reformas a la ley. Si hoy, funciona o no el antejuicio, es porque hay autoridades que están cooptadas, y el problema no es la figura, sino que estas personas no están cumpliendo con su función. El antejuicio si es bueno o malo, es una cosa, pero cómo se aplica es lo importante. El problema comenzó cuando los políticos lo utilizaron para protegerse y cooptaron órganos de justicia.

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