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Nacionales

80 % de municipalidades viola Ley de Acceso a la Información Pública y acosan a vecinos denunciantes


Acción Ciudadana plantea querellas penales en Ministerio Público contra tres alcaldes y un exjefe edil por negársela a ciudadanos, en flagrante violación a disposiciones del Decreto 57-2008.

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“Los alcaldes están muy relajados” en relación a la Ley de Acceso a la Información Pública –Decreto 57-2008 del Congreso de la República- por cuanto más de un 80 por ciento de las 340 corporaciones la incumplen, ha afirmado hoy Manfredo Marroquín, director general de Acción Ciudadana (AC), capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional (TI). Penden 20 denuncias más.

Esta mañana Eddy José Cux, del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción, en AC, querelló penalmente en el Ministerio Público (MP) a los alcaldes Selvin Omar Villatoro Palacios, de Aguacatán (Huehuetenango), Gregorio Tomás Chávez Matul, de San Francisco La Unión (Quetzaltenango), y Celso Gumercindo García Gramajo, exjefe edil de Pueblo Nuevo, Suchitepéquez.

En los tres casos –que incluyen a las propias corporaciones municipales- la fiscalía señala que incurrieron en delito al negar a la población el acceso a la información pública. Se agrega al alcalde Selvin Villatoro, de Aguacatán (Huehuetenango), a raíz de la persecución del ciudadano Manolo Palacios Ordoñez por haberla requerido y practicado una auditoría al Ayuntamiento.

¿Por qué la niegan?

Manfredo Marroquín ha explicado que todos y cada uno de los casos investigados a fondo por Acción Ciudadana serán judicializados en breve, mediante las denuncias al MP, con total respaldo de los afectados ante la negativa de las comunas a proporcionar la información pública -incluso de oficio y que deberían mantener en sus portales electrónicos- que les es requerida.

Ocultan los datos sobre su funcionamiento, contrataciones, estudios, proyectos, presupuesto y posibles plazas “fantasmas”, entre otros renglones, en claro y manifiesto incumplimiento de deberes y responsabilidades al tenor del mandato contenido en el Decreto Legislativo 57-2008. Por ende, AC se encuentra preparando y afinando los protocolos de una veintena más de denuncias.

Para el director de Acción Ciudadana es “muy grande” el déficit de cumplimiento de la norma legal e, incluso, muchas administraciones municipales se han negado –y siguen resistiéndose- a entregar a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) el informe anual de solicitudes de información pública recibidas y tramitadas. Lo más grave es la persecución y represalias a los denunciantes, acotó.

 

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