Los diputados Selvin García y Julio López Villatoro, de las bancadas Compromiso, Renovación y Orden (Creo) y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), prefirieron renunciar ayer a la curul del Congreso, antes de someterse al juicio político –en el Congreso–. Esto, después que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público pidieran retirarles el derecho de antejuicio a ellos y cinco diputados más por estar involucrados en la contratación de personal que aparentemente ocuparon “plazas fantasma” durante 2015.

García, quien había sido alcalde de Pachalum, Quiché, e incluso presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), manifestó que renunciaba como diputado pese a haber sido una de las decisiones “más difíciles” que había tomado en su vida. Su curul será ocupada por el exdiputado Juan Carlos Bautista.

“Creo en la justicia y en el debido proceso”, dijo López Villatoro, cuyo hermano es el abogado Roberto López Villatoro, conocido como el Rey del Tenis y operador político en el proceso de elecciones de las diferentes Cortes del país.  A López lo sustituirá Lucrecia Samayoa Reyes.

Ambos diputados son acusados de peculado por sustracción y abuso de autoridad, por la contratación irregular de personal y plazas fantasma.

¿Y los otros?

Hasta ahora la secretaria general del partido UNE, Sandra Torres, no se ha pronunciado sobre el caso de los tres diputados de la UNE involucrados en la denuncia de la CICIG y el MP.

Carlos Barreda, secretario de Organización, indicó que tanto él como Mario Taracena, Orlando Blanco y Mauro Guzmán, pidieron ayer a César Fajardo y a Carlos López renunciar al cargo como diputados.  Por la mañana, Fajardo manifestó que es inocente y que está dispuesto a “limpiar su nombre”.

En tanto que Luis Rabbé, otro de los involucrados, aseguró que no renunciará a su curul. El congresista dijo que su equipo de abogados prepara su defensa en contra de las acusaciones por los delitos de peculado por sustracción, abuso de autoridad y nombramientos ilegales.

Además de ellos, las autoridades presentaron antejuicio contra Arístides Crespo y Manuel García Chutá, del bloque Movimiento Reformador.

Tres exdiputados más, Alfredo Rabbé, Edgar Cristiani y Carlos Herrera fueron beneficiados el martes pasado con una medida sustitutiva.

Apelará resolución

El Ministerio Público presentará en los próximos días una apelación en contra de la resolución del juez Décimo de Primera Instancia Penal, Walter Villatoro, con la que dejó en libertad condicional a los tres exdiputados y al ex Director General del Congreso señalados de contratar ilegalmente a varias personas durante su gestión en la Junta Directiva. Villatoro ha sido criticado debido a las resoluciones que ha emitido a favor de exfuncionarios.