En Jutiapa se realizó ayer el VI Encuentro Regional de Reforma a la Justicia promovido por distintas organizaciones pro justicia, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), con el objetivo de fortalecer los órganos judiciales del país.

A la convocatoria efectuada por los presidentes de los tres organismos del Estado asistieron representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); de la CICIG; el procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jorge de León Duque; la fiscal general del MP, Thelma Aldana; alcaldes de varias municipalidades; el jefe edil de Jutiapa; y miembros de la sociedad civil, quienes integraron las 13 mesas de trabajo en la que se analizaron, dialogaron y presentaron algunos planteamientos.

Tras casi cuatro horas de trabajo fueron estudiadas las propuestas de reforma constitucional de justicia y cada mesa presentó tres iniciativas a la mesa principal.

Uno de los planteamientos de los grupos de las sociedades civiles, fue la eliminación del derecho de antejuicio para el presidente, vicepresidente, diputados, ministros, alcaldes y gobernadores.

Distintas opiniones

El retiro de este privilegio legal ha generado preocupación en funcionarios, alcaldes y gobernadores, por ello, Milton Sánchez, gobernador de Jutiapa, expresó su oposición a esta propuesta y culpó a los malos gobernantes de provocar el rechazo de la población a la clase política del país.

El presidente Jimmy Morales expresó en días anteriores que la figura del antejuicio debe continuar para evitar que se presenten acciones legales en contra de los funcionarios de Gobierno, lo cual impediría su correcto desempeño por inconvenientes judiciales.

En tanto, Iván Velásquez, jefe de la CICIG,  manifestó que “para encontrar justicia y transparencia se debía eliminar el derecho de antejuicio a los funcionarios”.

La fiscal general, Thelma Aldana, consideró que los funcionarios no deberían gozar de inmunidad, lo que permitiría que el MP pueda realizar las investigaciones con más libertad y buscar que prevalezca la justicia en el país.

Otro tema que generó interés  durante el encuentro fue el proceso para elegir puestos clave en el Estado, como el de Fiscal General del MP, magistrados a la Corte de Constitucionalidad, de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas de Apelaciones, estos cargos en opinión de las agrupaciones sociales deben ser nombrados por una comisión calificadora a fin de eliminar la participación de los diputados y el Ejecutivo.

Además, consideraron necesario cambios en la carrera judicial, con la finalidad de que los juzgadores asuman cargos acorde a la capacidad que demuestren y no por favores políticos, compadrazgo o intereses oscuros.