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Nacionales

Instalan Comisión Nacional de Política Criminal Democrática


Una de las primeras acciones enmarcadas en la política consiste en revisar qué delitos pueden resolverse mediante mecanismos alternos, para descongestionar las judicaturas y las cárceles.

 

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La Comisión Nacional de Política Criminal Democrática del Estado 2015-2035 quedó instalada ayer por los presidentes de los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– y la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana. La Comisión será la encargada del desarrollo de los lineamientos estratégicos de los cuatro ejes de la política que persigue la reducción de los índices de criminalidad en el país y la violencia social: prevención, investigación, sanción y reinserción.

Durante la presentación del documento base, el secretario de Política Criminal del MP, Rootman Pérez, anunció que en el mediano plazo se prevé la presentación del anteproyecto de ley para darle vida al Consejo del Sistema Nacional de Política Criminal e institucionalizar los lineamientos que desarrolle la Comisión.

La Política Criminal presentada ayer fue elaborada por el MP durante dos años, y reúne la visión de 1,400 actores, de instituciones públicas y sociedad civil, así como representantes de 70 organizaciones. “El debate sobre cómo enfrentar de forma más adecuada, pero sobre todo eficiente, la criminalidad en el marco de un Estado respetuoso de los derechos humanos nos guió hacia un ejercicio intenso de reflexión, análisis, discusiones y consensos para construir una política criminal”, explicó Aldana.

Esa primera medida supone una revisión del catálogo de delitos que saturan las judicaturas y que pueden ser resueltos mediante mecanismos de diálogo o resolución de conflictos, incluso por procedimientos de autoridades ancestrales, siempre y cuando la víctima se sienta resarcida, explicó Pérez.

La lucha contra la corrupción, la impunidad, la discriminación y el racismo son orientaciones que estarán presentes en toda la implementación de la política, así como la promoción de la ética y profesionalismo entre los operadores de justicia.

Apoyo de EE. UU.

El proyecto Seguridad y Justicia de USAID apoyó en la formulación de la política. El embajador Todd Robinson manifestó que los esfuerzos continuarán para el fortalecimiento del MP y las demás instituciones en la lucha contra la corrupción.

“En nombre del Gobierno de los Estados Unidos, pedimos a los guatemaltecos que continúen luchando por alcanzar la deseada paz”, manifestó Robinson.

Compromiso de Estado

> El presidente Jimmy Morales y el titular del Legislativo, Mario Taracena, destacaron que por primera vez los tres poderes se comprometen a desarrollar una política enfocada en la reducción de la criminalidad. Ellos dos, el jefe del Organismo Judicial y la Fiscal General integran la Comisión Nacional de Política Criminal. Todos agradecieron el apoyo que Estados Unidos brindó en la formulación de la política.

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