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Nacionales

CGC denuncia a 87 diputados de legislatura pasada por plazas de más


La entidad fiscalizadora señala que el Congreso pagó en 2015 un monto de Q31.6 millones por esas contrataciones.

La Junta Directiva del Congreso conoció ayer uno de los principales hallazgos que realizó la Contraloría General de Cuentas (CGC) en el tema del personal. De acuerdo con la entidad fiscalizadora, existen 319 plazas que fueron asignadas “de más” a 87 diputados de la legislatura anterior. Algunos fueron reelectos.

El documento detalla un reparo de Q31.6 millones por haber contratado “aparentemente” a 319 personas bajo el reglón 022 –por contrato–. De los 87 que deberán de evacuar audiencias en los próximos días, 34 continúan como diputados, entre ellos el presidente del Legislativo, Mario Taracena.

“Se estableció que 87 diputados tienen asignados más de tres empleados a su cargo”, refiere la CGC en la auditoría realizada durante el año pasado. La Ley Orgánica del Congreso, en su Artículo 154 Bis, establece que cada congresista contará con personal de apoyo –asistente, secretaria y ujier–, quienes serán contratados exclusivamente bajo el reglón 022.

Carlos Mencos, titular de la Contraloría, manifestó que la actual Junta Directiva ya fue notificada y dependerá de ellos si informan a los 87 diputados y exdiputados sobre los hallazgos encontrados por los auditores internos del Congreso. El funcionario aclaró que no se deben confundir los términos, pues estas contrataciones “de más” no significan que sean “plazas fantasma”.

“El informe final aún está en proceso”, manifestó el Contralor, quien indicó que falta que los 87 diputados presenten las pruebas de descargo, para lo cual tienen de plazo hasta el próximo 9 de mayo. Mencos no adelantó quiénes podrían ser sancionados por haber contratado dicho personal, tampoco si el dinero que se pagó –Q31.6 millones– deberá ser reembolsado a la cuenta del Legislativo.

Carlos Mencos, jefe de la CGC, dijo que la Junta Directiva del Congreso ya fue notificada.

Carlos Mencos, jefe de la CGC, dijo que la Junta Directiva del Congreso ya fue notificada.

Rabbé, el responsable

Taracena dijo que desconocía el informe, pero responsabilizó al actual diputado y expresidente del Congreso Luis Rabbé por haber autorizado durante su gestión los más de 300 contratos. “Lo que hizo la Contraloría es un muestreo pero hay muchos más”, refirió al manifestar que la CGC quiere conocer la forma en que se contrató al personal.

“Yo no recuerdo haber firmado 12 contratos a Mario Taracena”, respondió el diputado Rabbé, quien manifestó que muchos de ellos que quedaron aprobados el año pasado se elaboraron del 1 al 15 de enero, días antes que tomara posesión como presidente de este Organismo. El congresista cuestionó la posición de Taracena, al manifestar que si él conocía que no se debe tener nueve empleados “de más”, por qué entonces los aceptó.

Quién más plazas asignadas tenía era el expresidente de este Organismo Gudy Rivera, quien según la Contraloría, contaba con 25 personas a su cargo. Los 22 empleados “de más” significaron para el Congreso un rubro superior a los Q3 millones en salarios. En tanto, de los actuales diputados aparece el representante del Movimiento Reformador y exintegrante del Partido Patriota (PP) Manuel Marcelino García Chutá, con seis trabajadores “extra”, que recibieron en conjunto más de Q1 millón en sueldos.

De los 319 contratos bajo el reglón 022, 97 de ellos estuvieron asignados a diez diputados –cinco del periodo pasado y cinco reelectos– por el que se pagó en salarios más de Q12 millones.

En enero pasado, Iván Velásquez –titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)– solicitó al Congreso un informe sobre las juntas directivas de 2008 a 2015. Además, las nóminas de trabajadores de los reglones 011 –presupuestado– 022 y 029 –por contrato– de los periodos 2014 y 2015, así como la descripción de los procedimientos de contratación de los empleados.

Otras investigaciones contra diputados y exdiputados

Semanas atrás, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) inició las investigaciones relacionadas con el delito de lavado de dinero. Fuentes del Congreso confirmaron que los encargados de la Unidad de Reportes de Transacciones Sospechosas solicitaron la documentación de todo el proceso –quienes la presentaron en el pleno y la participación de quienes la aprobaron– que llevó la iniciativa de Ley de Control de Telecomunicaciones aprobada en 2014 y declarada sin lugar este año por la Corte de Constitucionalidad.

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