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Nacionales

Sindicalistas señalan al BM por contrato con TCQ


Los trabajadores presentaron acciones legales desde 2013 a la PGN, CGC y MP, instancias que no le dieron trámite a las denuncias.

 

 

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El Sindicato de Trabajadores Organizados, de la Empresa Portuaria Quetzal, denunció ayer que el Banco Mundial (BM) obvió las quejas que se presentaron en 2013, en contra de las irregularidades del contrato que efectuaba el Estado con la empresa Terminal de Contenedores de Puerto Quetzal (TCQ). De acuerdo a los sindicalistas, se presentó un informe a la sede del banco en Washington, Estados Unidos, por medio de su subsidiaria CAO –Oficina del Ombudsman y Asesor en Materia de Observancia-, quienes obviaron el tema legal. Posteriormente el BM se convirtió en accionista.

Los trabajadores detectaron dudas al momento que la filial del ente bancario, Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), invirtió en un proyecto que no contaba con respaldo financiero. “El Banco Mundial fomentó la corrupción”, insistió Santiago Armando Boche Sánchez, en la reunión que sostuvo ayer con el diputado Ovidio Monzón, de la bancada Todos.

“Para ellos, el Banco Mundial conocía las irregularidades y las obviaron”, resumió Monzón, después que los sindicalistas le indicaran que las acciones legales que presentaron desde 2013 ante el Ministerio Público (MP), la Contraloría General de Cuentas (CGC) y la Procuraduría General de la Nación (PGN) nunca fueron atendidas. Los representantes del sindicato insistieron, además, que el BM aparte de otorgar un préstamo para la ejecución del proyecto de usufructo también invirtió en la empresa que tiene aún el proyecto, motivos suficientes para reactivar una investigación, manifestaron.

Analizarán estrategia

En 2014, Acción Ciudadana (AC), por medio de su presidente Manfredo Marroquín, solicitó al director general de la IFC, Jin-Yong Cai, que dicha subsidiaria no apoyara el financiamiento de un proyecto que constituía “una seria amenaza al orden legal guatemalteco”, esto por no cumplir con los requisitos de evaluación de riesgo de carácter legal, técnico, social y corporativo.

Para el titular de Finanzas, Julio Estrada, Guatemala tiene que proceder jurídicamente con “mucho cuidado” ya que de lo contrario puede generar una contrademanda o que el proyecto quede “tirado” por las próximas dos décadas. El funcionario, la PGN y la Secretaría General de la Presidencia, aún evalúan las rutas jurídicas a seguir.

El presidente en funciones, Jafeth Cabrera, indicó que analizarían el proceso y que en los próximos días se presentará una estrategia.

Por su parte, el bloque Movimiento Reformador (MR) anunció que se trabaja jurídicamente para pedir que el contrato de TCQ sea declarado lesivo.

Piden investigación

>Desde ayer circuló en las redes sociales la recolección de firmas electrónicas, para que el Gobierno de España investigue “posibles actos de corrupción” de la empresa española Terminal de Contenedores de Barcelona, subsidiada en Guatemala por la Terminal de Contenedores Quetzal, beneficiada con la administración de una terminal del Puerto Quetzal. La página www.change.org señala que ciudadanos españoles habrían sobornado a las autoridades guatemaltecas para obtener el contrato. La petición es firmada por Reny Mariane Bake.

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