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Nacionales

Juez Gálvez decide suspender la audiencia en proceso de corrupción contra Pérez y Baldetti


Otto Pérez indicó que en este caso no se respeta la reserva y que todo está basado en un testimonio sin pruebas sustentadas.

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La audiencia de primera declaración que decidirá si un juez procesa al ex presidente Otto Pérez (2012-2015) y su vicepresidenta Roxana Baldetti por un nuevo caso de corrupción -esta vez por un usufructo otorgado por 25 años a una firma española- fue suspendido hoy a solicitud de la defensa.

El juez Miguel Ángel Gálvez, titular de Juzgado B de Mayor Riesgo, accedió a suspender hasta el lunes la audiencia. Los abogados defensores pidieron un plazo para conocer mejor el expediente aduciendo que lo recibieron apenas hoy.

El caso involucra a 11 personas, nueve de las cuales fueron detenidas el 15 de abril. Las otras dos son Pérez y Baldetti quienes ya permanecen en prisión preventiva por un proceso, a cargo del mismo juez, en el que figuran como máximos líderes de la estructura criminal «La Línea», dedicada a la defraudación aduanera.

Otras cinco personas están pendientes de detención por lo que las autoridades guatemaltecas ya han formulado alertas para su captura internacional.

A la suspendida audiencia de este miércoles acudieron los 11 sindicados.

Pérez, quien permanece en la prisión de un cuartel militar, acudió con un saco azul oscuro y jeans. Baldetti, quien en anteriores ocasiones adujo sufrir quebrantos de salud, se presentó a la sala sin evidencias de sufrir ninguna afección. Ella permanece en una prisión de mujeres, en las afueras de la ciudad.

Este nuevo caso de corrupción corresponde al usufructo otorgado a favor de la empresa Terminal de Contenedores Quetzal S.A. (TCQ), constituida en Guatemala en 2012, y la cual representa a la española Group Maritim TCB para la administración de la terminal de contenedores en el Puerto Quetzal, en el Pacífico guatemalteco.

La Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) sostienen que en 2013 ambos obtuvieron beneficios por al menos 4,2 millones de dólares cada uno por dicha concesión fraudulenta.

«Roxana Baldetti recibió, como Otto Pérez, un primer pago por 3,63 millones de dólares y un segundo pago por 544.735 dólares», precisaron ambas instituciones.

No obstante, indicaron, el «pacto ilícito» ascendía a 24,5 millones de dólares para el «socio local», de los cuales el 60 por ciento estaban destinados para el entonces presidente y la vicepresidenta.

A ambos se les imputan los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos, y fraude.

«Con todo lo que hemos presentado, con todo lo que disponemos probatoriamente, podemos afirmar que el ex presidente utilizó su cargo para facilitar un negocio por el cual obtendría un beneficio económico directo, en detrimento de los intereses de la nación», dijo el titular de la CICIG, el colombiano Iván Velásquez, al presentar el caso en conferencia de prensa.

Además, en el caso se vincula al actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Douglas Charchal, quien habría evitado el pago de una millonaria licencia de operación de la empresa TCQ.

Velásquez dijo que el magistrado goza del derecho de antejuicio, por lo que está en marcha un trámite para que la misma CSJ resuelva si procede a despojarle del privilegio de inmunidad.

El español Juan José Suárez, director general de TCQ, es uno de los detenidos y se le sindica por los delitos de asociación ilícita, fraude y cohecho activo.

Otro de los detenidos es Gustavo Martínez, yerno del ex presidente Pérez, quien en enero pasado obtuvo el beneficio de una medida sustitutiva (arresto domiciliario), tras ser vinculado en 2015 en un caso de tráfico de influencias para favorecer a empresas privadas.

La fiscal general, Thelma Aldana, informó que la investigación de este caso se desprende de las evidencias recopiladas a partir del 16 de abril de 2015 por el caso «La Línea».

Investigaciones posteriores por el caso permitieron a la CICIG y a la Fiscalía guatemalteca confirmar la participación dentro de la red de Baldetti y Pérez. Ambos se vieron forzados a dimitir de sus cargos en mayo y septiembre, respectivamente.

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