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Nacionales

Ejecutivo y PGN sin definir futuro de contrato señalado de corrupción


En tres ocasiones, la abogada del Estado le ha pedido a la Presidencia girar instrucciones para interponer una demanda para la nulidad del contrato que EPQ suscribió con TCQ en 2012, pero no ha obtenido respuesta.

 

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La Procuraduría General de la Nación (PGN) señaló que el Estado tiene tres opciones para declarar nulo el contrato suscrito en julio de 2012, entre la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ). Esa decisión estaba en un impase, sin embargo, fue activada después que el pasado 15 de abril, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) revelaran que el ex presidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti recibieron coimas de TCQ a cambio de dar los terrenos de la portuaria en usufructo.

Dos opciones para anular el contrato con TCQ dependen del presidente Jimmy Morales, pues él es quien debe dar su aval para que la PGN accione por cualquiera de las dos vías. La primera, es que la Procuraduría acompañe una demanda ya existente, para que un Tribunal de lo Contencioso Administrativo declare nulo el contrato del usufructo oneroso. La segunda, es que presente una nueva delación.

Aunque la titular de la PGN, María Eugenia Villagrán, señaló que también están considerando otras medidas menos drásticas, confirmó que bajo su administración “siempre” le ha solicitado a la Presidencia interponer una demanda de nulidad del contrato, siendo la última vez la semana pasada, previo a que la CICIG y el MP dieran a conocer las investigaciones.

La cláusula del contrato

La tercera opción que tiene el Estado para anular el contrato con TCQ involucra a la Cámara de Comercio, ya que la cláusula 83 del convenio del usufructo establece que en caso de controversia, tanto EPQ como TCQ tienen que someterse a un arbitraje en el Tribunal que funciona por medio de esa Cámara.

 Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio, comentó que no tenía conocimiento de que en las cláusulas del contrato se incluyera la ejecución de un arbitraje ejecutado por la entidad que preside. Según el entrevistado, “es una decisión voluntaria de las partes” recurrir a esas acciones y que no tienen obligación de informar a los demás empresarios.

Después de conocer esto, Briz manifestó que es un caso que debe esclarecerse en los tribunales de Guatemala y que ahí es donde se debe tomar una decisión que no difiera con los intereses del Estado.

El presidente de la Cámara de Comercio indicó, que el Centro de Administración de Arbitraje de esa entidad “solo actúa si las partes lo requieren” y que no puede actuar de oficio.

El cuestionado papel de la PGN

Fue hasta 2015 que la PGN se pronunció en contra del contrato entre EPQ y TCQ, antes de eso hubo silencio y consentimientos de parte de esa entidad.

El año pasado, la Procuraduría indicó que el proceso contenía varios vicios, el primero era que el exinterventor de la EPQ, Allan Marroquín, no tenía las facultades para autorizar la minuta del contrato del usufructo y de delegar al subinterventor Julio Sandoval para que interviniera en trámites del mismo. Otros vicios son que no se trataba de un usufructo, sino una concesión y que no se había hecho una licitación internacional como lo establece la Ley de Contrataciones del Estado.

El silencio en el camino del contrato con TCQ implicó al extitular de la PGN y actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Vladimir Aguilar, según archivos de la Procuraduría, esto porque en 2013, ante la solicitud de la bancada Encuentro por Guatemala de declarar lesivo el citado contrato, Aguilar resolvió que eso no era de su competencia y no entró a conocer lo suscrito entre la empresa española y la portuaria.

Aguilar señaló ayer que la institución que él dirigió de enero de 2013 a diciembre de 2014, presentó observaciones de posibles anomalías en el contrato de TCQ. Sin embargo, fue el presidente Pérez Molina quien a pesar de esas supuestas advertencias decidió no declararlo lesivo.

“La función de la PGN es la defensa de los intereses del Estado, pero la decisión de declarar la lesividad es una competencia directa del Presidente. La legitimidad de la Procuraduría en ese tipo de contratos es acudir a un órgano jurisdiccional, en este caso en materia contencioso administrativo”, dijo el magistrado.

La complacencia de la PGN con las autoridades involucradas en dar en usufructo terrenos de la EPQ, se dio durante la administración del ex Procurador General de la Nación, Larry Robles, porque fue él junto a su equipo quien en 2012 dictaminó favorablemente el contrato, argumentando que este cumplía con todos los requisitos que la Ley establece.

El impacto

Previo a recibir a los medios de comunicación, la Procuradora sostuvo una reunión con abogados de la Secretaría General de la Presidencia y el Ministro de Finanzas, esto para iniciar las acciones a realizar para definir el futuro del contrato.

En esa reunión, la PGN les manifestó que era competencia del Ministerio de Finanzas y Presidencia medir el impacto económico y político, en caso de declarar nulo el contrato con TCQ.

Según Villagrán, Julio Héctor Estrada, ministro de Finanzas, opinó de manera adelantada y sin haber entrado a medir las consecuencias del convenio, que “le preocupaba” la situación con el Banco Mundial, ya que su filial, la International Finance Corporation es una de los accionistas de la empresa española.

La Procuradora indicó que no importa si el Estado gana la demanda de nulidad, este tendría que pagar alrededor de US$200 millones por la inversión realizada por la empresa, pues la terminal ya está totalmente construida.

A criterio de Manfredo Marroquínn, director de Acción Ciudadana, el Estado y sus autoridades poseen todos los elementos para fundamentar una posición de defensa de los intereses nacionales: “no deberían haber preocupaciones sino una revisión detallada para recuperar los fondos”.

Sobre el posible pago de US$200 millones del Estado por la construcción de esa terminal, Marroquín anotó que no le preocupa, pues la buena administración de esa portuaria “va a dar eso y más dinero”.

Jorge Briz, titular de la Cámara de Comercio, dijo que el contrato entre EPQ Y TCQ debe esclarecerse en los tribunales del país.

Jorge Briz, titular de la Cámara de Comercio, dijo que el contrato entre EPQ Y TCQ debe esclarecerse en los tribunales del país.

CACIF SE PRONUNCIA

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) emitió anoche un comunicado en el que manifiesta su indignación por el contrato otorgado a TCQ.

“Creemos que absolutamente ninguna consideración debe estar por encima de los intereses del país. Guatemala necesita una mejor infraestructura para su competitividad, pero nada puede justificar la comisión de actos ilegales, ni el aprovechamiento de puestos públicos para el enriquecimiento personal”, sentenciaron los empresarios.

RECHAZO

> La Cámara de Comercio de Guatemala emitió ayer un comunicado en el que se oponen a la adjudicación de contratos mediante mecanismos corruptos.

Jorge Briz, titular de esa Cámara, solicitó a los entes encargados de la investigación establezcan cómo se realizaron las negociaciones para suscribir el contrato irregular entre la EPQ y TCQ, por el que exfuncionarios del Ejecutivo recibieron millonarios beneficios.

Los exministros que no cuestionaron a Otto Pérez Molina

En una resolución del Consejo de Ministros el 28 de agosto de 2013, los exministros de la administración del ex presidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti declararon sin lugar el memorial que pedía declarar lesivo el contrato entre EPQ con TCQ. Esta solicitud fue realizada por el diputado de Lider, Roberto Villate, y no se pudo conocer los argumentos planteados por este para hacer esa solicitud, ya que no contestó las llamadas que elPeriódico le realizó. La resolución emitida por el Gabinete tampoco incluía estos argumentos.

El documento del Consejo de Ministros establece que se resolvió “sin lugar” la solicitud de declarar lesivo el contrato, porque la resolución emitida por el exinterventor, Allan Marroquín, “no viola la Ley ni los intereses del Estado”.

Ataque contra  auditor

> La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre el ataque armado contra del contador público y auditor Carlos Aparicio Pisquiy Morales, de 60 años, quien resultó con dos heridas de bala en la espalda, por lo que fue trasladado hacia la emergencia del Hospital Roosevelt.

El hecho se registró al final de la 20 calle de la zona 10 capitalina, a inmediaciones del kilómetro 7.5 jurisdicción de Santa Catarina Pinula, donde quedó el vehículo color rojo placas P610BFT, el cual presentaba cinco impactos de bala en su estructura.

Fuentes del MP confirmaron que la empresa donde laboraba la víctima fue allanada la semana pasada  para saber si los fondos ilícitos, producto del contrato entre EPQ y TCQ, habían pasado por sus manos.

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