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Nacionales

Empresas de cartón persuaden a autoridades para abrir las puertas, una vez más, a un negocio corrupto de US$110 millones


La trama infame y fraudulenta de la compra de tecnología para el control migratorio

Un negocio excesivamente oneroso, fuera de toda proporción y lesivo a los intereses del Estado, vuelve a la carga en 2016, en busca de sorprender al nuevo gobierno. Se trata de una inversión en equipos para el control migratorio que alcanza los US$110 millones, mientras un equipo semejante, aunque con menor cobertura, lo compró el Gobierno de Panamá en US$3 millones, y Honduras lo pagó en US$10 millones, lo que se convirtió un escándalo de corrupción en el vecino país.

El nivel del sobreprecio tiene pocos precedentes en la historia de la infamia y la corrupción de Guatemala. La primera vez que fue adjudicado, el proceso estaba tan viciado y saturado de anomalías, que con mucho tino el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, no obstante las presiones presidenciales, lo tiró por la borda. En el segundo intento, López Bonilla buscó maneras y caminos para no firmar el contrato, pero las presiones de Zeppelín Ligorría, por medio del Presidente de la República lo abrumaron y vencieron; sin embargo, en su último día como ministro de Gobernación volvió a rescindirlo.

La trama tras bambalinas de este negocio está lejos de ser sofisticada. Es una grosería de arquitectura burda, tosca y llena de desfachatez: la principal gestora de este vergonzoso robo a los guatemaltecos es Ana Noemí Santamaría, quien tuvo su paso e historia en nuestro país hace algunos años y registra domicilio “profesional” como abogada en Santa Fe Oeste 577, San Juan, una provincia de la República Argentina, situada a más de mil kilómetros de la capital federal.

Santamaría, quien fue representante legal y administradora única de Swiss Purchasing Company, y ahora colabora con Gustavo Marcelo Brignone, registra entre sus antecedentes haber sido sancionada e inhabilitada diez años por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), debido a “Práctica Corruptiva: Art 5.02 (c)(i) Normas Generales, Contrato de Préstamo1059/SF-HO”. Su sanción finalizará el 20 de febrero de 2018, por lo que no puede, hasta esa fecha, ella u otra organización o empresa ligada a su persona, participar en actividades económicas, empresariales o profesionales, vinculadas a organismos multilaterales como BID, Banco Mundial y las Naciones Unidas, entre otros.

La telefonista fundadora

Brignone, por su parte, es uno de los tres directores de la empresa Security Assistance Group (SAG AG) y creó, para sus patrones, con el asesoramiento de Santamaría, la empresa Security Assistance Group Guatemala, S.A. el 1 de febrero de 2013. Como era obvio y no aconsejable que Santamaría fuera socia fundadora y menos representante legal y administradora, eligió en su reemplazo a María Bertha Gómez Morales (guatemalteca) y Brignone son los socios fundadores de la empresa chapina, la cual registraron con un capital pagado de Q5 mil; Brignone aportó Q4 mil 500.

Gómez Morales fue colaboradora de Santamaría mientras desarrolló sus actividades en Guatemala. Para ser más precisos, laboró como telefonista. Sus antiguas compañeras de trabajo la recuerdan cariñosamente como Bertita. Hoy Bertita, más allá de ser la representante legal de esa empresa de supuesta alta tecnología en seguridad global, es propietaria del restaurante y pizzería Los Canelones, con Nit 406440-2, en la ciudad de Guatemala.

Gustavo Marcelo Brignone, supuesto socio principal de la sociedad anónima guatemalteca, beneficiada con el contrato de compra de los “sofisticados” equipos de control migratorio por US$110 millones, según los registros de moneyhouse.ch, forma parte, conjuntamente con Francesca Navratil-Bertola, oriunda de Vacallo, Cantón de Tesino en Suiza, y David Francisco Costaguta, que al igual que Brignone acreditan ser originarios de Argentina, de la sociedad Security Assistance Group AG, con domicilio legal en Gubel Strasse 19 6300 Zug Suiza.

Navratil-Bertola, además de SAG AG, registra haber participado en la Fundación Pro Infantibus hasta 2006, cuando dicha institución fue dada de baja. Brignone y Costaguta no reportan actividad comercial o profesional en Suiza, pero de acuerdo con la Clave Única de Identificación Tributaria de Argentina (CUIT) están registrados en ese país como trabajadores autónomos Categoría T1 Cat IV, con ingresos aproximados de US$3 mil mensuales (Brignone), y como trabajador autónomo Categoría T1 Cat III, con ingresos menores a US$2 mil (Costaguta). Según el portal de cuitoline.com, ninguno de los dos socios de la empresa matriz SAG AG y de la empresa guatemalteca, fundada con Bertita, registran empleados ni integran sociedad alguna.

Sin registros ni información de actividad comercial

Para el Estado argentino son trabajadores autónomos, con niveles de ingreso medio-bajos y poca actividad comercial. En Suiza están registrados como personas de paso, que constituyeron SAG AG con domicilio legal en Gubel Strasse 19 6300 ZUG Suiza, donde no hay registros ni información de actividad comercial.

En el portal de moneyhouse.ch, la empresa SAG AG reporta un capital de 100,000 CHF, pero no registra personal, ni facturación, sucursales o agencias. El único antecedente profesional de SAG AG, casa matriz, que acreditan y destacan en su ventana de “noticias”, es su participación en la Feria Internacional del Aire y el Espacio “SAG en FIDAE 2014”, señalando que “SAG auspició la Conferencia Internacional IATA-FIDAE Wings of Change 2014, que se realizó en Santiago de Chile, los días 26 y 27 de marzo de 2014”.

Esa es la “casa matriz” que respaldaría, desde Suiza, a la empresa de Bertita y Brignone en Guatemala, que sigue tratando de llevarse, con total opacidad y sin competencia, un contrato de más de US$110 millones que provienen de los bolsillos de los guatemaltecos.

La empresa SAG pretende cobrar US$100 millones. Panamá compró un equipo para el mismo fin en US$3 millones.

La empresa SAG pretende cobrar US$100 millones. Panamá compró un equipo para el mismo fin en US$3 millones.

La supuesta “gran corporación” suiza, de “alta tecnología”, en su página web sag.corp.com, señala expresamente: “Más allá de nuestras oficinas centrales en Zug, Suiza, estamos presentes en el resto de Europa, Norteamérica, América Central y Latinoamérica”. Pero ni en la página, ni en Internet existe dato alguno que permita identificar presencia de la empresa en las regiones señaladas, excepto en su domicilio legal en Zug. De la página de Internet de la empresa y de la información disponible en la red, no surge evidencia de sus actividades, ni de proyectos que haya ejecutado, liderado o simplemente en los que haya participado, aunque sea “poniendo un ladrillo”.

Manifiestan, eso sí, que cuentan con un socio tecnológico: “Trabajamos en forma conjunta con nuestro socio tecnológico NEC Corporation (NEC). Nippon Electronic Company (NEC)”, una corporación japonesa fundada en 1899, presente en 199 países en cinco continentes, con más de 145 mil empleados. “‘NEC’, con especialidad en las áreas de comunicaciones, consumo masivo, gobiernos y empresas, posee amplio expertise en soluciones de seguridad, de gobierno electrónico, multibiometría y servicios profesionales. NEC, a través de desarrollos propios, es el soporte ideal de soluciones tecnológicas para las distintas áreas de gobierno que se involucren, con el mismo nivel de calidad, en cualquier parte del mundo”.

“El consorcio suizo-japonés SAG-NEC, tiene la experiencia y el aval necesario para ofrecer soluciones novedosas en diferentes países, como ya lo han podido comprobar los gobiernos de 24 países, entre los que se encuentran Corea, Singapur, Kenia, Guinea Ecuatorial, Francia, y en Centro y Latinoamérica, México (Renapo), El Salvador (tecnología Docusal), Costa Rica (Poder Judicial), Ecuador (Registro Civil de Guayaquil), Bolivia (Corte Nacional Electoral), Chile (Control Fronterizo, Aeropuerto de Santiago, Registro Civil), Argentina (Documento Nacional de Identidad, Casa de Gobierno, Congreso de la Nación), Brasil (Registro Civil)”, mencionan.

De los portales de SAG AG y de NEC no hay información que permita identificar los proyectos en los que han participado aliados, coinvertido, o compartido como supuesto consorcio. La evidencia apunta a que SAG AG es, ni más ni menos, una empresa de cartón; no existe registro oficial del consorcio suizo-japonés SAG-NEC, ni de la asociación con NEC México, ni de los proyectos que supuestamente han desarrollado con éxito. La única actividad concreta y palpable fue su patrocinio a la conferencia de FIDAE 2014, donde presentaron dos botellas, probablemente de agua pura, con el logo de SAG.

Por tanto, si la “casa matriz” SAG AG de Suiza es de cartón, SAG Guatemala no será distinta, y su papel en este millonario negocio es cobrar un excesivo y escandaloso sobreprecio y distribuir los millones de dólares de utilidades entre los “socios” que permanecen ocultos, padrinos de esta fraudulenta y onerosa compra del Estado.

Esta es la historia de las burdas sociedad chapina y de su “casa matriz”. Con todo respeto: es una farsa que ofende la inteligencia de los guatemaltecos/as.

Quiénes están detrás del contrato

Se puede asegurar –existen correos electrónicos como evidencia– que a espaldas del ex-Ministro de Gobernación, los corruptos han contado con la gestión de Ana Noemí Santamaría, quien, como anoté, por este tipo de prácticas ha sido sancionada por el BID. Han participado en esta operación corrupta funcionarios del Ministerio, como encargados y administradores de la gestión, expertos en compras y contrataciones fraudulentas, abogados especializados en blindar transacciones engañosas y traficantes de influencias, entre ellos el “asesor de negocios” Vernon Ayala. Es un secreto a voces en pasillos de Casa Presidencial y del Ministerio de Gobernación que el gran arquitecto del fraude es el más experimentado traficante de influencias y creador de artificios en la región: Zeppelín Ligorría.

La negociación de una compra de equipo de alta tecnología, con tal volumen financiero, solo podría haber tenido lugar por medio de una licitación internacional, abierta y competitiva. Jamás mediante una artimaña, como planificó la señora Santamaría, con empresas invitadas a dedo, como NEC México.

Las autoridades del gobierno de Pérez Molina, encabezadas por Ligorría aseguraron con vehemencia que la compra de alta tecnología de control migratorio es una respuesta a las enormes presiones de México y Estados Unidos. Pero México aclaró a Prensa Libre que jamás ha ejercido presiones para que se realice esa compra, y consultados funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, manifestaron que han estado interesados en escáners para el equipaje que sale de Guatemala hacia su país y están dispuestos a donar el equipo necesario, y, aunque ven con simpatía las mejoras tecnológicas en cualquier país del mundo, en este caso no han ejercido ninguna presión para la compra de equipos de control migratorio a una empresa específica, menos a la desconocida firma de cartón, SAG.

A mediados de 2015 planteé a las autoridades que me causaba extrañeza, enormes suspicacias y sospechas que María Bertha Gómez Morales, Bertita, respetada telefonista y con experiencia en pastas y pizzas, fuera socia fundadora y administradora de SAG, y no hubo respuesta. A los pocos días Bertita fue sustituida por la licenciada Claudia Lorena Solares Samayoa de Bonilla, quien trabajó durante 2012 como asesora del entonces ministro de Finanzas Pavel Centeno, y en 2015 en la Gerencia del INDE (en los últimos meses ha laborado en un bufete privado). Solares Samayoa de Bonilla es allegada de Vernon Ayala, el conocido asesor de compras del Ministerio de Gobernación, como se puede ver en nuestra investigación del pasado 10 de noviembre, Tráfico de influencias en licitación del sistema de control migratorio.

Durante la breve gestión de gobierno de Alejandro Maldonado Aguirre, buscando rescatar esta gran estafa al Estado de Guatemala, sus autores intelectuales contrataron a Porter Novelli y a la empresa Diestra, y reclutaron a altos ejecutivos de organizaciones gremiales y a supuestos generadores de opinión pública. Estos presionaron de manera incisiva, hasta el chantaje sutil, a la exministra de Gobernación Eunice Mendizábal, quien resistió y no aceptó revivir un proyecto a todas luces lesivo a los intereses del Estado de Guatemala.

En lo que va de 2016, han logrado reclutar a funcionarios en la PGN, institución que paradójicamente en 2015 declaró lesiva a los intereses nacionales la adjudicación de la compra de tecnología para el control migratorio a la empresa SAG, de suerte que confeccionaron un dictamen en la dirección contraria a la lesividad y sorprendieron al propio Contralor General de Cuentas, quien fue visitado por Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria, sin duda sin el conocimiento ni aval de su Junta Directiva, para discutir el tema, a fin de que públicamente manifestara que si no se cumple con el oscuro contrato adjudicado a “dedo” a las empresas de cartón SAG Guatemala y SAG Suiza, el Estado de Guatemala corre peligro de ser demandado por daños y perjuicios.

¿De dónde y por qué la PGN, bajo la dirección de María Eugenia Villagrán de Letona Hora, y el propio Contralor, oficiosamente, se rasgan las vestiduras para que se respeten los intereses aviesos y corruptos de dos empresas de cartón, evidentemente fundadas para estafar al Estado, a las cuales se les adjudicó, en medio de la oscuridad, con todas las malas artes y vicios de la corrupción, un contrato fraudulento por US$110 millones?

Si la PGN y la Contraloría no sirven para velar por los intereses de la Nación, ¿entonces para qué sirven? Deberían clausurarse.

Sancionada por el BID

>Ana Noemí Santamaría, colaboradora del socio principal de la empresa a la que el Gobierno le adjudicó el contrato por US$110 millones, fue sancionada por el BID por práctica corruptiva. Su sanción finaliza el 20 de febrero de 2018.

JUSTIFICACIÓN DE LA COMPRA

El sistema de registro y control migratorio biométrico, que sería proveído por la empresa SAG, capta y compara las huellas dactilares y las fotografías del rostro de las personas que ingresen o salgan del país, ya sea por vía terrestre, aérea y marítima.

Información falsa

Según SAG AG, el consorcio SAG-NEC ha laborado y ganado contratos en 24 países. Esos contratos seguramente han sido ganados por NEC por sí sola, sin ninguna empresa fantasma, ya que no existe el consorcio SAG-NEC. Ni la información del portal SAG-AG ni la del portal de NEC muestran evidencia que permita identificar los proyectos en los que han participado aliados, coinvertido, o han compartido el consorcio fantasma suizo japonés SAG-NEC. Simplemente en caso de que la empresa de cartón SAG AG logre con sus influencias el contrato de tecnología, NEC México sería su proveedor.

Una telefonista, la fundadora

>La guatemalteca María Bertha Gómez Morales, junto a Gustavo Brignone, son los socios fundadores de la empresa Security Assistance Group (SAG AG), empresa a la que se le adjudicó el contrato millonario para obtener equipo. Gómez trabajó como telefonista de Ana Noemí Santamaría.

US$15

Pagaría cada persona que ingresa o sale del país, impuesto que se utilizará para sufragar los gastos del equipo biométrico que supuestamente proveerá al Estado la empresa SAG. La cifra se suma a los US$30 de impuesto de salida y a la tasa de seguridad aeroportuaria (Q20), que ya se cobra a los viajeros.

Q5

Mil fue el capital inicial para registrar la empresa Security Group (SAG AG). Ahora pretenden obtener la irónica cantidad de US$110 millones por prestación de servicios en puestos de control migratorio.

US$5

Mil y US$3 mil mensuales reportaban de ingresos en 2006 en Argentina, Gustavo Brignone y Francisco Costaguta, socios de la empresa fundadores de SAG AG.

US$110

Millones costará el equipo a Guatemala, uno semejante le costó US$3 millones al Gobierno de Panamá.

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