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Nacionales

Otorgan medidas sustitutivas a siete sindicados en nuevo caso SAT y ocho son enviados a prisión preventiva


Juez Miguel Ángel Gálvez resuelve en diligencia por defraudación tributaria superior a los Q255 millones 612 mil.

 

 

 

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Siete de los 15 sindicados en el caso que involucra a la empresa Aceros de Guatemala por la defraudación fiscal de Q255 millones 612 mil 266.82 han sido beneficiados esta tarde con medidas sustitutivas, mientras los ocho restantes recibieron una resolución de prisión preventiva del Juez B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez.

Los favorecidos Evelin Yulissa Natareno Gómez, exjefa del Departamento de la Intendencia de Verificaciones; los auditores Julio Ernesto Román García, Nidia Verónica Espina Batres, Osmín Ronaldo Ceijas Díaz y Giovanni Estefan Pérez Reyes; la mandataria judicial Alicia López Paiz, y Pedro José Raúl Paiz Valdez,representante legal de la compañía involucrada.

Se dictó prisión preventiva contra Elder Hermelindo Fuentes García, ex Intendente de Fiscalización y ex Superintendente interino en 2015; Alfonzo Romeo Castillo Castro, ex Intendente Jurídico; José Antonio Mangandi Ortiz, ex gerente de Contribuyentes Especiales Grandes; Rigoberto Chacaj Soj, Alfredo Muñoz Ledocarrillo,Ariel de Jesús Guerra Castillo y María Eugenia Valdez Gómez, representantes empresariales.

La causa penal también implica a Omar Franco Chacón, ex jefe superior de la SAT cuando el 16 de abril del año pasado estalló el escándalo con las numerosas capturas, y a Giovanni Marroquín Navas, el “articulador” o intermediario entre la empresa evasora, según la investigación del Ministerio Público y la CICIG. Ambos guardan prisión desde ese día al ser implicados en la red de defraudación aduanera La Línea.

Otro de los señalados, el abogado de Aceros de Guatemala Frank Manuel Trujillo Aldana, recuperó ayer su libertad por falta de mérito para quedar ligado al proceso y en cárcel preventiva, pero el juez Gálvez le dictó arraigo migratorio para que no salga del territoio nacional mientras dura la investigación de 90 días solicitados por la Fiscalía de Delitos Administrativos, para profundizar en sus pesquisas.

A través del MP, el Estado intenta recuperar Q11 millones 800 mil devueltos a esta compañía por crédito fiscal -que las averiguaciones permitieron determinar que, al igual que con la clausura o sobreseimiento de las tres querellas originales por más de Q255 millones 612 mil evadidos, para lo cual se alteraron informes de auditoría de la SAT-, también se obtuvo de forma ilícita esa devolución a través del grupo enquistado en la Superintendencia.

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