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Nacionales

CICIG amplia cobertura a occidente


La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala anunció la ampliación de sus operaciones hacia el departamento de Quetzaltenango, la segunda ciudad más importante del país.

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Quetzaltenango se ubica en la región oeste del país y debido a su ubicación cercana a la frontera con México es junto a otros departamentos una zona vulnerable al crimen organizado y narcotráfico.

“Naturalmente que la situación del occidente del país tiene que ver con la decisión de elegir a Xela (cómo localmente se le conoce a Quetzaltenango) como la sede”, dijo Iván Velázquez, titular de la comisión, un ente de Naciones Unidas a cargo de investigar aparatos clandestinos de seguridad incrustados en el Estado guatemalteco.

AFP / JOHAN ORDONEZ

AFP / JOHAN ORDONEZ

Agregó que los departamentos de la zona como Huehuetenango y San Marcos, donde se han dado problemas de crimen organizado “tiene peso para la selección… será la puerta de entrada al occidente del país”.

La nueva oficina de la Comisión trabajará con la fiscalía y otros operadores locales de justicia.

AFP / JOHAN ORDONEZ

AFP / JOHAN ORDONEZ

William Brownfield, secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para la lucha antidrogas, quien realiza una visita a Guatemala por un día, anunció la donación de un millón de dólares pare el funcionamiento de la nueva oficina de la comisión. Estados Unidos ha donado 38 millones de dólares para la Comisión desde su creación en 2007.

Para el funcionario estadounidense, la Comisión “ha tenido más impacto en combatir y resistir la impunidad y la corrupción que cualquier otra institución no solamente acá en Guatemala sino en todo el planeta”.

La comisión junto a la fiscalía encabezó en 2015 investigaciones anti corrupción contra estructuras incrustadas en el Estado guatemalteco que incluso alcanzaron al entonces presidente Otto Pérez Molina.

En Mayo de 2015 la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, tuvo que renunciar al cargo luego de ser acusada de dirigir una estructura que habría defraudo al estado guatemalteco por millones de dólares. Cuatro meses después Pérez Molina también renunció a su mandato acusado de también pertenecer a la red defraudadora. Ambos funcionarios están en prisión a la espera de que se decida si enfrentaran juicio o no por los cargos.

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