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Nacionales

MP allana varias viviendas por plazas fantasma en el Congreso


Agentes de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) e investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ejecutaron ayer siete allanamientos en tres departamentos del país, con el objetivo de secuestrar documentos y archivos electrónicos que coadyuven a la investigación de un caso de plazas fantasma en el Congreso de la República.

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Julia Barrera, portavoz del MP, indicó que los operativos iniciaron en horas de la mañana en los departamentos de Huehuetenango, Chimaltenango, en el municipio de Fraijanes, Guatemala, y en cuatro zonas de la ciudad capital.

“Lo que se buscaba era toda clase de información que fortalezca la investigación que se sigue en un caso de venta de plazas fantasma que se dio en años anteriores en el Congreso de la República. Se tiene información de parte de los fiscales que se pudo secuestrar documentos físicos así como archivos electrónicos”, señaló Barrera.

La vocera aclaró que las diligencias se realizaron en casas particulares de personas que aparentemente laboran para los diputados. Por lo que descartó que los allanamientos se dieran en las oficinas de los parlamentarios.

Por motivos de reserva en la investigación no detalló en contra de qué diputado es que se siguen las pesquisas. Solamente mencionó que uno de ellos es el excongresista Pedro Muadi.

Jorge Aguilar, vocero de la Policía Nacional Civil, informó que para esas inspecciones participaron un aproximado de 50 agentes de esa institución, con el objetivo de dar seguridad a los investigadores y a las familias de las viviendas en las que se realizaron las pesquisas.

Red de plazas fantasma

Según la investigación que dio inicio en febrero de 2015, el MP y la CICIG determinaron que el ahora exdiputado Pedro Muadi, en su calidad de presidente del Congreso de la República, autorizó múltiples plazas fantasma de las que se beneficiaba económicamente. La red operaba desde lo interno del hemiciclo y contrató a varias personas, entre ellas un grupo de 15 agentes de seguridad privada, cuyos sueldos salían del Organismo Legislativo con una dádiva extra para Muadi. El monto defraudado asciende a Q4.7 millones. Por esa causa se encuentran 23 personas detenidas desde julio del año pasado.

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