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Nacionales

Caso Aceros de Guatemala: escuchas telefónicas implican a Frank Trujillo


Juez ordenó custodia policial en los alrededores  de la vivienda del abogado.

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“Yo no fui contratado para tramitar expedientes en la SAT –Superintendencia de Administración Tributaria–”, dijo Frank Trujillo hace cuatro días cuando fue capturado. Pero, ayer, la fiscalía reveló llamadas en las que el abogado buscaba que diferentes dictámenes de la entidad estatal fueran modificados a favor de la empresa Aceros de Guatemala, implicada en el caso de corrupción y de la que era defensor.   

Dicha compañía es propiedad de la familia Gabriel, fundada por José Luis Gabriel, quien actualmente la dirige. La familia se ha diversificado en otros campos relacionados al comercio, minería, industria, finanzas y banca. Ahora es señalada de pretender dejar impune la evasión de Q255 millones.

Es en esa trama, en la que están envueltos representantes legales de la empresa y funcionarios de la SAT, donde participó Trujillo, hermano del exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad, Héctor Trujillo, según el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

“Solo faltó que dijera que el otro no tiene nada de responsabilidad”, dijo entre risas Trujillo en una de las conversaciones sostenidas con Giovanni Marroquín Navas, señalado como intermediario entre la empresa y los funcionarios de la SAT. Se referían a uno de los dictámenes que necesitaban para desestimar tres querellas presentadas contra Aceros de Guatemala.

En otra plática, Trujillo se mostró preocupado debido a que los informes no le parecían contundentes para detener la acusación contra la compañía. “Es como que haya contratado a un taxi para que me deje en mi casa, pero solo me deja en la esquina”, explicó el abogado.

De acuerdo con las escuchas telefónicas, luego de saber que los informes fueron entregados a la Fiscalía de Delitos Económicos, el abogado llegó para conocer qué pensaba la jefa de la unidad. “Dijo que estaban pobres porque no eran de acuerdo con lo ordenado por el juez, que era establecer –si Aceros de Guatemala y otras entidades–  cumplieron o no con la obligaciones tributarias y quiénes eran los responsables”, indicó Trujillo a su interlocutor.

En una llamada con Marroquín, Trujillo le consultó si podía conseguir una ampliación de los dictámenes, para evitar que la fiscalía continuara con el caso penal. En otras conversaciones interceptadas, Marroquín dejó claro a su pareja sentimental y a otras personas, que logró obtener la ampliación de los dictámenes a favor de Aceros de Guatemala. 

Trujillo se negó a dar declaraciones sobre las llamadas expuestas al finalizar la audiencia, pues, comentó, que no podía hacerlo por estar dentro del proceso judicial.

CUSTODIA PARA TRUJILLO

El Juez B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, ordenó que la Policía Nacional Civil custodiara los alrededores de la vivienda de Frank Trujillo, mientras continúe la audiencia de primera declaración de los implicados en el caso. Esto, con el objetivo de resguardar su vida y garantizar su permanencia. La misma resolución dictó para Ariel de Jesús Guerra Castillo, quien también se entregó de manera voluntaria a la judicatura.

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