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Nacionales

MP-CICIG: Aceros de Guatemala sobornó a directivos de la SAT por deuda fiscal


Las instituciones explicaron cómo la empresa utilizó a un integrante de La Línea para alterar informes de auditoría.

 

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La fiscal general, Thelma Aldana, aseguró ayer en conferencia de prensa, que Aceros de Guatemala, S.A. habría contratado por Q1.3 millones aproximadamente a la firma Tres Puertos, S.A. con el objetivo de que esta se encargara de disolver un adeudo fiscal de Q255 millones en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Lo otorgado a Tres Puertos es el 11.5 por ciento de los Q11.8 millones que la entidad recaudadora le devolvió a Aceros de Guatemala en materia de crédito fiscal. De los Q1.3 millones, el 33.33 por ciento, es decir, Q433 mil se dividió entre altos directivos de la SAT.

El Ministerio Público (MP) responsabiliza al encargado de esta operación, Geovanni Marroquín Navas, quien guarda prisión por ser enlace entre Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y el Superintendente de Administración Tributaria de turno en la estructura de defraudación aduanera autodenominada La Línea.

El titular de la CICIG, Iván Velásquez, explicó que Aceros de Guatemala defraudó a la SAT por Q255 millones y sobornó a funcionarios de la entidad recaudadora de impuestos.

El titular de la CICIG, Iván Velásquez, explicó que Aceros de Guatemala defraudó a la SAT por Q255 millones y sobornó a funcionarios de la entidad recaudadora de impuestos.

Según las investigaciones, en marzo de 2012 la SAT presentó tres querellas contra Aceros de Guatemala por la posibilidad de que la empresa hubiera simulado compraventa de chatarra por medio de proveedores, con inconsistencias. “Por ejemplo, el hecho de que tuvieran empresas de cartón como supuestos proveedores, otros no fueron localizados y otros que habían fallecido”, comentó Aldana.

El 12 de agosto de ese año, el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal resolvió favorablemente. Sin embargo, el MP apeló y el expediente regresó al tribunal para continuar con el trámite.

En octubre de 2014, la empresa señalada solicitó una revisión de la denuncia, por lo que el juez emplazó a la SAT para que cumpliera con la solicitud. Como una medida estratégica, el abogado de la firma, Frank Trujillo Aldana, pidió que se revisara la documentación entregada por la entidad recaudadora. El juez citó para enero de 2015 a la SAT para que se pronunciase al respecto y emplazó al MP.

En enero de 2015, la SAT cambió su discurso y exculpó a Aceros de Guatemala para responsabilizar a los proveedores de primera y segunda línea. “Esa era la estrategia de la defensa, se pretendía una desestimación parcial al favorecer a la empresa y que las querellas continuaran contra los proveedores que obviamente nunca iban a encontrarse por el MP”, señaló la Fiscal General.

Aceros de Guatemala es propiedad de la familia Gabriel, fundada por José Luis Gabriel quien la dirige. La familia se ha diversificado en otros campos relacionados al comercio, minería, industria, finanzas y banca.

La alteración de informes

De acuerdo al titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, durante la investigación del caso de defraudación aduanera La Línea, se interceptaron los números telefónicos de la estructura, entre ellos, el de Geovanni Marroquín. Por medio de esas escuchas determinaron otro caso relacionado a la alteración de informes de la SAT para beneficiar a Aceros de Guatemala.

Marroquín, subcontratado por Tres Puertos, coordinó desde fuera de la SAT los informes que se presentaron en el juzgado para liberar a Aceros de Guatemala de la responsabilidad penal, refieren las investigaciones penales del caso.

El articulador de la estrategia formó una relación con el abogado Trujillo Aldana y con los representantes de Tres Puertos, Alfredo Muñoz y Rigoberto Chacaj. Esto para convertirse en enlace entre la empresa y la SAT, por medio del ex superintendente, Omar Franco, y los intendentes de asuntos jurídicos, Alfonzo Castillo y de fiscalización, Ariel Guerra.

“Esos informes presentados inicialmente por la SAT en los que se sustentaba la denuncia fueron modificados para responsabilizar a los proveedores inexistentes. Marroquín, por medio del intendente de Castillo y de Guerra, logra que en varias secciones de la SAT se cambien esos informes. Esto se realiza entre octubre de 2014 y enero de 2015”, apunta el Comisionado.

Marroquín coordina sus influencias para agilizar la devolución de crédito fiscal por Q11.8 millones, con lo que se paga a la estructura.

Por este caso fueron capturadas el viernes pasado 12 personas entre funcionarios de la SAT y representantes de la empresa Tres Puertos y Aceros de Guatemala. El abogado Frank Trujillo Aldana continúa prófugo de la justicia, así como el intendente de fiscalización, Ariel Guerra y María Eugenia Valdés, representante legal de Aceros de Guatemala. Según el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, durante el allanamiento para capturar al intendente de asuntos jurídicos, Alfonso Castillo, se encontraron más de Q2.9 millones en efectivo.

Los Trujillo Aldana y la corrupción

Frank Manuel Trujillo, abogado de Aceros de Guatemala, es hermano del exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad Héctor Trujillo, capturado en Florida en diciembre, acusado de participar en una red de corrupción que aceptaba sobornos para arreglar partidos de fútbol por lo que los miembros de la estructura habrían recibido más de US$200 millones.

Colaboración

Aceros de Guatemala, S.A. a través de un comunicado de prensa indicó que ponen a disposición la información que les sea requerida “la compañía confía en que esta situación será resuelta prontamente, de acuerdo a lo que indica la ley”, expresa el documento.

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