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Nacionales

“Las injerencias externas afectan el desempeño de los operadores de justicia” Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)


Emilio Álvarez expone que deben prevalecer los criterios de transparencia, certeza jurídica, inclusión, entre otros, en la elección de funcionarios judiciales como los magistrados de la Corte de Constitucionalidad.

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¿Cuán importante es la elección para garantizar el acceso a la justicia independiente?

– Para la CIDH es uno de los temas más vitales en términos de la construcción de un estado democrático de Derecho. Las altas cortes juegan un papel vital no solo en términos de trabajar en ánimos de fortalecer la justicia sino para la garantía del orden constitucional y de los derechos humanos. En la región observamos uno de los espacios de posibilidad más concretos de fortalecer la democracia más allá de los sistemas electorales. Venimos de dictaduras, de golpes de Estado y hemos avanzado en procesos electorales, pero todavía falta avanzar en la consolidación de poderes judiciales sólidos e independientes y creíbles.

¿Qué criterios se deben tener en cuenta para la elección?

– La transparencia, la certeza judicial, la inclusión, consulta, previa exposición pública de los candidatos –de manera que toda la sociedad tenga certeza del proceso y cómo se toman las decisiones–. Si fuera de un proceso se mete alguien y saca el as bajo la manga o un proceso es opaco, secreto y discrecional, genera una afectación de origen en el desempeño de la función, porque hay una duda razonada de a qué intereses obedece la persona seleccionada.

¿Es acertado el proceso de elección por poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y gremios (abogados y academia)?

– Hay dos componentes. Debe atenderse al marco constitucional guatemalteco. Hay ciertos principios de regulación sobre el perfil que debe tener quien ocupe un cargo público en términos de idoneidad, capacidad y pertinencia. La segunda es cómo se ejerce la potestad de elegir. El desafío para las cinco entidades electoras tiene que ver con los principios de garantizar la transparencia, autonomía e independencia, tienen que ser decisiones fundadas y razonadas. La sociedad completa tiene que saber por qué se eligió a un funcionario. A partir del movimiento ciudadano del año pasado, pareciera ser que la relación entre gobernantes y gobernados ha cambiado.

¿Qué actitud deben asumir los operadores de justicia en los procesos y resoluciones que involucran a altos funcionarios?

– Los principios de independencia y garantía de acceso a la justicia llevan a garantizar la debida función judicial y que los juzgadores tengan condición para el desempeño de la función, por ejemplo, certeza laboral e inamovilidad, independencia de criterio y que no haya intervenciones de terceros que estén generando una distorsión de la deliberación judicial –de cualquier índole: privados, jefes, clamores populares–. Cuando un aparato de justicia no responde con certeza y claridad; cuando se esfuma a una condición de impunidad estructural se genera un cáncer que mina la confianza de la gente en la justicia. Entonces la gente busca soluciones en otra vía, como los linchamientos, la seguridad privada, los ajustes de cuentas. Los factores externos no pueden decidir la justicia, eso genera una condición de desigualdad ante la ley.

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