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Nacionales

Diputado Ovalle: “Agradezco a Dios” resolución negativa a antejuicio solicitado


Magistrados de la CSJ no ven indicios racionales para iniciar trámite dirigido a despojar de inmunidad al militar retirado, como lo solicitó el MP, a fin de investigarlo por caso del cementerio clandestino hallado en Creompaz, antigua base del Ejército en Cobán.

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“Por inexistencia de indicios suficientes que sustenten la posibilidad de que el denunciado pudo incurrir en actos delictivos”, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó de forma unánime la solicitud del Ministerio Publico (MP) para iniciar proceso de antejuicio contra el diputado y militar retirado Edgar Ovalle, secretario general del partido FCN-Nación, quien asumió la curul el 14 de enero en curso.

La fiscalía pretendía investigarlo dentro del caso conocido por sospechar que está vinculado al Caso Creompaz (Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz), abierto tras el descubrimiento de fosas clandestinas con cadáveres de civiles en sus terrenos ubicados en lo que fue, en la época del enfrentamiento armado interno, la base del Ejército en Cobán.

Por los hallazgos de osamentas –así como testimonios de sobrevivientes-, el MP tiene en prisión preventiva y ligados a proceso penal por los delitos de desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad, cometidos en el periodo

1981-88, a varios generales, coroneles y oficiales jubilados que estuvieron de alta en la zona castrense cobanera en esa época.

Entre los detenidos figuran el general Manuel Benedicto Lucas García, Jefe del Estado Mayor del Ejército durante el gobierno de su hermano Fernando Romeo Lucas García, derrocado el 23 de marzo de 1982. La lista de 14 aprehendidos incluyó inicialmente al exmayor Byron Barrientos, décadas después ministro de Gobernación. El juez instructor liberó a tres por falta de mérito.

Esta mañana, al anunciar el fallo in límine (solicitud rechazada sin entrar a debate) del pleno de magistrados de la CSJ, la fuente oficial judicial subrayó que luego de análisis “no hay elementos de racionalidad suficientes para determinar que, efectivamente, el denunciado haya cometido los hechos” que el Ministerio Público le imputa (desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad).

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