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Nacionales

Contratistas del Estado tendrán más controles bancarios


La norma aplicará para los contratos que superan los Q900 mil, según la Superintendencia de Bancos.

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En el segundo trimestre del año la Superintendencia de Bancos (SIB) espera que el sistema bancario aplique mayores controles para grandes contratistas y proveedores del Estado.

José Alejandro Arévalo, jefe de la SIB, informó que durante el mandato de Alejandro Maldonado se aprobó aplicar un sistema para Contratistas y Proveedores del Estado (CPE) con el que se tendrá un protocolo diferente para estos clientes en el sistema bancario.

Al igual que con las Personas Políticamente Expuestas (Peps) ahora se contará con un formulario adicional para que las instituciones financieras lleven un protocolo diferente cuando se trate de un CPE.

La iniciativa, impulsada por Maldonado, consideró las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado y que en 2015 se logró identificar una serie de actos de corrupción, por lo que a partir de este año se está instaurando el nuevo sistema para CPE, indicó.

En el caso de los contratistas y proveedores, se incluirán en este sistema cuando los contratos superen los Q900 mil, según el jefe de la SIB, que estima que en este rango podrían incluirse cerca de mil entidades.

“Contratistas hay más de 20 mil, porque incluso una persona en el renglón 029 es contratista, pero según la Ley de Contrataciones se aplicará a los que tienen contratos arriba de Q900 mil”, declaró el funcionario.

Los nuevos controles para los contratistas y proveedores suenan bien en la práctica, pero se necesita que funcionen bien y que no solo generen más burocracia, opinó Juan Pablo Carrasco, socio de Central Law.

El seguimiento que la Intendencia de Verificación Especial (IVE) pueda dar a los casos en los que se tengan alertas de operaciones sospechosas es lo que debe lograrse más allá de aplicar nuevos formularios, dijo Carrasco al comparar los casos recientes que implicaron a funcionarios del Estado, incluidos en los Peps que ya tienen un formulario especial.

Llegar a los accionistas

La medida debe alcanzar, además de los representantes legales de las empresas, a los accionistas, comentó Edgar Balsells, exministro de Finanzas, al reconocer que hay mecanismos utilizados con los que se pueden evadir los controles.

El uso de prestanombres y bufetes legales es una práctica común, agregó Balsells, pues aseguró que el Derecho Mercantil en el país tiene regulaciones muy laxas.

La IVE tiene que tener la capacidad de seguir el rastro de los fondos, sugirió Carrasco, pues los dueños o los accionistas de una empresa pueden cambiar.

En la práctica la intención es buena pero no se deben burocratizar los procesos económicos con mecanismos que compliquen las contrataciones públicas, agregó el abogado. “El Estado necesita tener contratistas pero también procesos con transparencia y eficientes”, dijo.

A criterio de Renzo Rosal, analista independiente, con esta medida se reduce la posibilidad de que se utilicen los recursos del Estado para negocios ilícitos. “La gran zona gris que existe está en los recursos que se movilizan en el sistema financiero, es en la movilidad de capitales donde se ha visto que está esa franja gris”, agregó.

En el grupo de contratos propuestos es donde se puede dar una mayor propensión a negocios oscuros o prácticas de corrupción, pero eso no desmerece que se pierda la atención en contratistas menores, explicó Rosal.

Bancos y aseguradoras

Arévalo dijo que la instrucción de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de aplicar el nuevo formulario ya se envió a los bancos y aseguradoras, que son las primeras entidades que lo implementarán, para que puedan actualizar sus sistemas.

El plazo en el que se espera empiece a funcionar es para el segundo trimestre de este año, pues las instituciones financieras tendrán que actualizar sus sistemas.

Reportes y denuncias

La Intendencia de Verificación Especial (IVE) recibió en 2015 un total de 1,311 Reportes de Transacción Sospechosa (RTS), y se presentaron 135 denuncias y ampliaciones ante el Ministerio Público (MP). Las personas implicadas en estos casos suman 5 mil 785 y el monto señalado es de Q2.4 millardos. Hasta el 22 de enero, la IVE ha recibido 56 TRS, presentó cuatro denuncias y se implica un monto de Q12 millones.

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