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Nacionales

Estado pagó Q1 mil 100 millones el año pasado en pactos colectivos


Procuradora General de la Nación prevé accionar de forma legal en contra del pacto colectivo del Legislativo.

 

 

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María Eugenia Villagrán aseguró ayer que los pactos colectivos que se han firmado en diferentes instituciones del Estado se han realizado sin conocer  si hay recursos y sin consultar al Ministerio de Finanzas. Tan solo el año pasado, el Estado erogó al menos Q1 mil 100 millones en este concepto.

La Procuradora General de la Nación (PGN)  dijo, durante una entrevista concedida al programa radial A Primera Hora de Emisoras Unidas, que el pacto colectivo del Congreso podría declararse lesivo para el Estado ya que existen demasiados empleados innecesarios.

También aseguró que los acuerdos han generado controversia en la sociedad pues son lesivos para la población guatemalteca, ya que se pagan mientras el 50 por ciento de los habitantes vive en pobreza extrema, por lo que la PGN debe verificar la legalidad de los expedientes y luego emprender acciones.

Villagrán indicó que a su criterio los pactos colectivos del Congreso y algunas entidades del Estado son económicamente inviables, porque Guatemala atraviesa una de sus crisis económicas más severas y no tiene capacidad financiera para cumplir con estos.

La declaración se da luego que la semana pasada se conociera la lista de trabajadores y sueldos de las personas contratadas bajo el renglón 011 del Organismo Legislativo.   De los 1,700 hay sueldos de secretarias, asistentes, ujieres y conserjes que superan incluso lo que gana un diputado, ya que según el pacto los salarios registran un aumento del 10 por ciento cada año.

Luis Linares, representante de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), dijo que existen varios tipos de acciones legales que se pueden tomar en contra de los contratos del Congreso.

Aseguró que es difícil actuar en contra de los derechos otorgados en los pactos porque los trabajadores pueden señalar que las negociaciones se realizaron de buena fe y que existe una rama del Derecho que expresa se deben cumplir.

Pero señaló que es factible accionar en contra de las responsabilidades civiles y penales para acciones que causen daño a los intereses del Estado, mismas que se encuentran estipuladas en la Ley de Responsabilidades de los funcionarios.

Linares también comentó que algunas cláusulas de los contratos, como los aumentos o incluso los salarios de estos trabajadores, atentan contra los principios de razonabilidad y proporcionalidad, que son dos de los tres pilares de los derechos sociales, por lo que recomienda realizar presión social para que se lleven a cabo estas modificaciones de mutuo acuerdo entre los trabajadores y los parlamentarios.

Deben analizarlo

Alfredo Tumax, representante del Sindicato de Trabajadores del Congreso (Sintracor), indicó que por parte del grupo al que pertenece no pueden aseverar ni rechazar nada hasta que, en conjunto con la Junta Directiva del Congreso, realicen una agenda y se conozcan las propuestas.

Tumax agregó que para esas posibles negociaciones cuentan con el apoyo de dirigentes sindicales y asesores laborales que conocen sobre el régimen laboral y reglamento de ley.

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