El Ministerio Público (MP) presentó una solicitud de arraigo contra 17 exfuncionarios de la Municipalidad de Quetzaltenango. El ente investigador explicó, mediante un comunicado de prensa, que la acción fue presentada para garantizar la presencia en el país de la anterior corporación municipal, ya que estos se encuentran bajo investigación por la fiscalía de ese distrito.

El Juzgado de Primera Instancia Penal de Turno de Quetzaltenango fue el encargado de decretar la prohibición de salir del país a los exfuncionarios, ya que las investigaciones del MP se derivan de una delación presentada por el actual alcalde de Quetzaltenango, Luis Grijalva, quien denunció el pasado viernes que después de una revisión financiera en la Municipalidad, se pudo constatar que faltaban Q4 millones 177 mil 971.78 de la cartera pública de la comuna.

Según el alcalde, el concejo saliente no le entregó todos los documentos necesarios para justificar el faltante de recursos y que pese a insistencias estos no atendieron la solicitud de Grijalva, por lo que procedió a realizar la denuncia ante el MP.

Antecedentes

Entre las personas arraigadas se encuentra el exalcalde de ese municipio, Jorge Barrientos, quien en julio de 2015 quedó fuera de las elecciones después que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) resolviera que este no cumplía con los requisitos para participar, ya que no contaba con el finiquito que extiende la Contraloría General de Cuentas (CGC).

En septiembre de 2013 a Barrientos se le retiró la inmunidad, esto debido a que en un informe de la CGC, existía un faltante de Q1 millón 800 mil de la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango.

En esa ocasión, la Sala que resolvió retirarle el derecho de antejuicio al exalcalde manifestó que la Contraloría había dado a conocer motivos claros para permitir que el MP investigara a Barrientos.

Tanto la fiscal general del MP, Thelma Aldana, como Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), indicaron días atrás que en los próximos meses plantearían acciones legales contra “un grupo” de comunas vinculadas en actos de corrupción.