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Nacionales

La Digicri, el proyecto que no convence a la Fiscal General


Thelma Aldana considera conveniente fortalecer a las dependencias de investigación criminal en la PNC y el MP.

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Un reglamento de contenido repetitivo es lo único que quedó del intento por sumar a las instituciones de averiguación penal la Dirección General de Investigación Criminal (Digicri), creada en el primer semestre de la administración del Partido Patriota. Tres años y medio después, el rumbo de esa institución avanza hacia el dominio de quien asuma la jefatura del Ministerio de Gobernación en la próxima gestión.

La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, manifestó que no está de acuerdo con el funcionamiento de la Digicri. “Tenemos a la Digici, Dirección General de Inteligencia Civil, y a la DEIC, División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC), que es a mi juicio a las que hay que fortalecer desde el ámbito del Ministerio de Gobernación, pero esa es una decisión del futuro Ministro; en lo que al MP corresponde, aquí tenemos la Dicri, Dirección de Investigaciones Criminalísticas, que es el ente que yo debo de fortalecer”, apuntó Aldana.

Según la jefa del MP, junto con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), hay un plan para robustecer a la Dicri. La función principal de esa dependencia es el manejo de la escena del crimen y recolección de evidencias. Además de dotarla de más capacidades para realizar esas tareas, Aldana indicó que también se busca ampliar las competencias de técnicos en investigación criminal en el manejo de contrataciones y compras del Estado, análisis financiero, entre otros, para apoyar a las fiscalías que persiguen la corrupción, delitos administrativos y asuntos internos.

La opinión de Aldana cobra relevancia debido a que la dirección de la investigación criminal le corresponde al MP que, en palabras de la Fiscal General, debe formular los planes y definir las hipótesis o líneas que deben seguir las pesquisas.

Los investigadores policiales y los técnicos de la Dicri o personal de la Digici apoyan con las tareas de campo, de acuerdo con los lineamientos de los fiscales. “Los miembros de DEIC son los ojos del fiscal en la calle”, opinó un fiscal que investiga homicidios.

Génesis y ocaso

A principios de 2012, el MP y el entonces jefe de la CICIG, Francisco Dallanese, promovieron en el Congreso la aprobación de la Ley de la Digicri. La normativa, aprobada en julio de ese año, concibió a esa instancia como órgano del Estado de carácter civil, especializado en investigación criminal, dependiente administrativamente del Ministerio de Gobernación y bajo las directrices del ente investigador.

Para su plena implementación se fijó un plazo de diez años. Lo que no quedó claro con la normativa fue qué pasaría con los investigadores policiales ni con la Dicri.

Luego de una convocatoria pública, en julio de 2013, el entonces titular de Gobernación, Mauricio López Bonilla, nombró como director de la Digicri a Carlos Manuel Valladares Vásquez y como inspector a José Estuardo Juárez. A ellos se les encargó la formulación del reglamento interno y la operativización de la entidad.

En marzo pasado, la cartera del Interior publicó el reglamento que consta de 34 artículos que divide las competencias de la Digicri en ocho áreas territoriales y siete subdirecciones de investigación especializadas. No obstante, las diez funciones que el documento establece, por ejemplo, para la Subdirección de Investigación Especializada en Delitos Económicos, son un calco de las otras seis.

 La elaboración de ese reglamento es el único producto tangible de la Digicri, desarticulada en mayo con la llegada de la ministra Eunice Mendizábal. Las plazas asignadas a esa dirección fueron suprimidas por “optimización de recursos”, expresó la funcionaria durante una actividad pública. Tras un mes y varios requerimientos, la cartera informó que fueron diez plazas pero no detalló los nombres, puestos y salarios del personal asignado a esa dependencia.

Al cierre del año, la Digicri cerró con un gasto de Q3.6 millones, diez plazas suprimidas y un reglamento que dicta generalidades. Así, los hechos en torno a esa instancia calzan con la leyenda del “elefante blanco” que solo generaba gastos a su dueño, pero que no le era de ninguna utilidad.

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