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Nacionales

Mirador: instituciones sin visión para fiscalizar


La organización cuestionó que el TSE, la Contraloría y la Fiscalía de delitos electorales no tienen capacidad para auditar los recursos.

 

 

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Las instituciones encargadas de fiscalizar a los partidos políticos no tienen la capacidad para hacerlo. Miembros de Mirador Electoral realizaron ayer este señalamiento en la presentación del informe final de observación del proceso electoral.

Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, organización miembro de Mirador Electoral, comentó que “a nivel institucional estamos en pañales. El abuso de los partidos ha venido creciendo gracias a la impunidad dada por la inacción de las dependencias. Las instituciones no tienen capacidades. Es un problema más que todo de visión institucional”, señaló Marroquín.

Compra de votos

En el informe presentado ayer, las organizaciones de la sociedad civil cuestionaron que solo en los 20 municipios monitoreados por Mirador Electoral, se evidenciaron 725 casos de compra de votos. El clientelismo se dio a través del Bono Seguro, la Bolsa Segura, el Programa del Adulto Mayor, el programa de fertilizantes, y entregas de láminas, dinero, ropa, víveres, herramientas y vales.

Sin embargo, la inspección electoral del TSE nunca informó de ninguno de estos casos. Por su parte, el contralor general de Cuentas, Carlos Mencos, indicó la semana pasada que los auditores del ente a su cargo desplegados en todos los municipios del país, únicamente pudieron confirmar dos casos: uno en Río Hondo, Zacapa, y el otro en Palencia, Guatemala.

El argumento de las instituciones para justificar las dificultades para fiscalizar estas situaciones es la falta de fondos. Pese a esto, Marroquín indicó que el problema no radica únicamente en los deficiencias presupuestarias. “Si las autoridades electorales se tomaran en serio su trabajo de evaluar y analizar a los partidos, todo el universo de delitos no existiría. La fórmula no es llenar de dinero a las instituciones, lo que hay que hacer es trabajar con los partidos políticos”, señaló.

Otros problemas

Carlos Sarti, de la organización Propaz, cuestionó además que el TSE tuvo dificultades para hacer cumplir con el proceso legal a los actores de la contienda electoral; no facilitó el acceso a la información pública y tuvo debilidades en la inclusión de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas durante el proceso.

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