La situación financiera supone un desafío frente a las demandas ciudadanas, entre estas la fiscalización municipal, aseguró el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, quien detalló que de 150 denuncias por corrupción en gobiernos locales, se podrían asumir solo dos o tres.

“Hay un reclamo nacional porque se investigue la corrupción en las municipalidades, eso significa asumir investigaciones por denuncias actuales recibidas en la CICIG o la FECI (Fiscalía Especial Contra la Impunidad) de mucho más de 150 municipios”, declaró Velásquez el martes en la rueda de prensa posterior a la recepción de un donativo de los Países Bajos.

“Nosotros estamos desarrollando un proyecto que vamos a establecer con la Fiscal General (Thelma Aldana) que implica asumir conjuntamente, tal como lo hacemos con la FECI, investigaciones específicas, pero es un apoyo que se podrá concretar solo para dos o tres municipalidades”, explicó Velásquez.

El jefe de ese organismo de Naciones Unidas se preguntó qué pasaría con las otras “decenas” de investigaciones y con qué recursos humanos podría asumir el MP esas pesquisas.

A criterio del analista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, Gerson Sotomayor, la falta de recursos es una limitante para el MP, sin embargo, opina que una posible solución será acudir a la persecución penal estratégica: “Probablemente un caso puede estar vinculado con otras municipalidades u otros actores; las redes de corrupción operan de forma articulada por lo que en lugar de ver casos aislados pueden ser abordados como redes de corrupción”, añadió.

Menos de lo requerido

El Congreso autorizó tres aportes para el MP que suman Q1.4 millardos, lo que implica que recibirá Q400 millones menos de lo requerido (Q1.8 millardos). El ente investigador cuenta con 34 fiscalías locales, lo que supone una cobertura en el diez por ciento de los 340 municipios. Aldana propuso un plan para incrementar en un 50 por ciento la presencia del ente investigador en un plazo de cuatro años, y con una inversión anual de Q100 millones.

“No podemos hacer milagros cuando en el MP hay tan pocos recursos para poder desarrollar todos los proyectos que consideramos que son indispensables”, añadió Velásquez.

Fortalecer al sistema

Gerson Sotomayor, analista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, considera que de poco servirá dotar de recursos al Ministerio Público si al mismo tiempo no se fortalece a las otras instituciones como el Organismo Judicial, el Instituto de la Defensa Pública Penal, la Policía Nacional Civil y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses.