“Sea hoy o mañana, Guatemala tiene que repensar su política fiscal”, opinó Valerie Julliand, la representante del Programa de Naciones Unidas  para el Desarrollo (PNUD), frente al debate público que se abrió a partir de la invitación que lanzó el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, para reflexionar sobre alternativas para financiar al sector justicia. El miércoles, el titular de la CICIG planteó que así como en el pasado se estableció un impuesto especial para la inversión social en el marco de los Acuerdos de Paz, se podría pensar en un impuesto especial transitorio, de vigencia temporal limitada, dirigido a gravar, por ejemplo, patrimonios que superen un determinado monto con un destino específico: fortalecer a las instituciones del sector justicia. La idea fue expuesta en un foro público sin carácter de propuesta formal, sin embargo generó diversas reacciones. El sector privado organizado fue