Rigoberto Castañón Mejía –uno de los cinco sindicados de pertenecer a la red que filtraba información sobre la persecución penal contra el crimen organizado– es sometido por segunda vez ante la justicia. En 2013 enfrentó un debate oral y público junto a otros 11 acusados de pertenecer a una estructura de contrabando de combustibles que operaba con la colaboración de agentes aduaneros y fiscales, como él. Castañón Mejía se desempeñó como auxiliar fiscal en Tecún Umán, San Marcos, entre 2005 y 2012 el ente para el que él trabajaba lo señaló de recibir sobornos a cambio de reportar a la estructura sobre acciones que habrían puesto en riesgo el trasiego de carburantes entre México, Guatemala y El Salvador, de acuerdo con el expediente judicial, del conocido caso Gasofa, enderezado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Como parte del proceso se estableció que