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Nacionales

Tres diputados electos de FCN-Nación son contratistas del Estado


Al menos 11 candidatos electos de diferentes partidos tienen los mismos señalamientos, los cuales analiza el TSE.

 

 

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En mayo de este año, el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) lanzó sus candidaturas para diferentes cargos de elección popular con un lema que definía al ahora presidente electo y a los valores en su organización. “Ni corrupto ni ladrón”, se leía en las vallas que se ubicaron en diferentes puntos del país. Durante meses, Jimmy Morales aseguró que la máxima de su gobierno sería el combate a la corrupción.

Ahora, una vez conocidos preliminarmente los 12 nombres de los próximos congresistas de la bancada FCN-Nación, salen a relucir cuestionamientos.

Dos de los próximos diputados firmaron contratos con el Estado en los últimos años. El primero es Alsider Antonio Arias Rodríguez, electo por el distrito de Chimaltenango. Arias aparece registrado en el Registro Mercantil como representante de la empresa De todo para la Educación.

Según el portal Guatecompras.gt, esta compañía fue contratada por la Municipalidad de El Tejar, del departamento que representará a partir de enero. El contrato se firmó en marzo del año pasado por la compra de bolsas de útiles escolares.

Luis Antonio Alonzo Pernilla sustituirá al hijo del vicepresidente Jafeth Cabrera, debido a que sería inconstitucional si el hijo del vicemandatario electo asumiera el cargo. Alonzo tiene registrados cinco contratos en Guatecompras, todos con el Ministerio de Salud Pública, por la compra de materiales y útiles de oficina, así como repuestos de equipos de cómputo, computadoras portátiles y cañoneras. En total, estos contratos, firmados entre noviembre de 2012 y junio de 2014, suman Q176 mil 225.50.

Otros dos congresistas señalados son Javier Alfonso Hernández Ovalle y su hijo Javier Alfonso Hernández Franco. Hernández Ovalle ocupó una curul durante la legislatura de 2008-2012, primero por el partido CASA y después por Gana.

Hernández Franco es representante legal de Grupo Emgua, Sociedad Anónima, beneficiada con tres contratos del Registro Nacional de las Personas (Renap) entre 2008 y 2010 (durante el tiempo que su padre fungió como diputado) por la adquisición de servicios de conserjería, limpieza y cafetería para las sedes de la institución. Solo esos tres contratos sumaron Q1 millón 456 mil.

Según el Artículo 80 de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, no podrán cotizar, licitar ni celebrar contratos con el Estado los servidores y trabajadores públicos de Organismos del Estado. Tampoco pueden ser contratistas del Estado los parientes legales de los servidores públicos.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) investiga a los diputados electos y según confirmaron los propios magistrados, sus contratos con el Estado es uno de los aspectos a los que están poniendo atención.

Otro señalado

El primer nombre que se señaló del equipo de Morales fue el de Edgar Justino Ovalle Maldonado, electo por el listado nacional. Ovalle fungió como jefe de operaciones de la Fuerza de Tarea Ixil entre 1981 y 1982, periodo en el que se llevaron a cabo varias masacres en la región. El siguiente año ocupó el mismo cargo en la Zona militar 21 de Cobán (Alta Verapaz). Durante ese tiempo, fueron enterrados en la zona varios cuerpos de personas que vivían en una aldea cercana.

Según el politólogo Renzo Rosal, los cinco futuros congresistas no podrían tomar posesión el próximo 14 de enero, ya que además de existir una prohibición para los contratistas del Estado, los cinco estarían incumpliendo el Artículo 113 de la Constitución, que señala que únicamente podrán optar a cargos públicos aquellas personas que cumplan los requisitos de capacidad, idoneidad y honradez.

Consultado al respecto, el presidente electo Jimmy Morales aseguró que no siente preocupación acerca de la posibilidad de que el TSE vete la adjudicación de cargos de estos diputados. “Hemos sido claros en que nadie está por encima de la ley. Cada quien tiene que presentar sus argumentos y las instancias son las que tienen que determinar cuál es la situación real de cada una de las personas”, indicó.

“Estamos en la total disponibilidad de que las personas sean investigadas y que con el debido proceso encontradas culpables si realmente cometieron algún ilícito. Tampoco vamos a pasar guillotina solo porque se hace un comentario”, añadió.

Los otros señalados

Algunos diputados electos fueron señalados, ya sea por ser contratistas del Estado o por habérseles iniciado procesos de antejuicio en su contra. Varias organizaciones entregaron hace unas semanas una solicitud al TSE en la que hacían referencia a 11 candidatos habilitados en Guatecompras como contratistas. Estos pertenecen a Lider, UNE, FCN-Nación, UCN y PP. Además, otros 11 de los partidos Lider, PP y UNE tienen antejuicios pendientes.

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