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Nacionales

MP y CICIG desarticulan red de proveedores del Seguro Social


A cambio de sobornos, la red procuraba que los médicos del Seguro Social recetaran determinados medicamentos para favorecer a proveedores.

 

El MP y la CICIG realizaron allanamientos en el residencial Premier Campestre y en el edificio Plaza Portales del Bosque.

El MP y la CICIG realizaron allanamientos en el residencial Premier Campestre y en el edificio Plaza Portales del Bosque.

Gustavo Alejos Cámbara, dueño de un emporio farmacéutico y financista de campañas políticas, se reunió el 23 de marzo pasado con Gustavo Adolfo Castillo Rojas, director de la Unidad de Infectología del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Durante la cita, Alejos recibió una llamada de Juan Pablo Muralles Morán, otro proveedor de medicamentos del Seguro Social, quien le propuso que “colocara” el antibiótico ceftriaxona sulbactam.

Alejos actuó como una suerte de visitador médico de grandes ligas que operó a favor de sí mismo y de Muralles: después de la cita, todas las compras del antibiótico referido en la conversación telefónica se adjudicaron a ambos proveedores, según las pesquisas.

De marzo a la fecha, la provisión al IGSS de la empresa Evolución Farmacéutica S. A. (Evopharma) asciende a Q16.8 millones, por encima de los Q6 millones que logró entre 2014 y un bimestre de 2015, según Guatecompras.

Esa era una de las modalidades de operación de la estructura Negociantes de Salud develada ayer en conferencia de prensa por la fiscal general, Thelma Aldana, y el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, que involucra a tres operadores y proveedores de medicamentos; otros tres dueños de farmacéuticas y seis trabajadores del IGSS, entre directores de hospitales y médicos.

La influencia de Juan de Dios

“Las relaciones del señor Alejos con instancias superiores del IGSS se han venido acreditando, por ejemplo, con el expresidente Juan de Dios Rodríguez López. Él mismo realizó visitas promocionando un determinado medicamento, participación en actividades de asignación, control y distribución de comisiones indebidas a funcionarios y manipulación de procesos de licitación”, refirió Velásquez.

Aldana explicó que los operadores buscaban incidir para que el listado básico de medicamentos del IGSS incluyeran los artículos que ofertaban los proveedores. “Se ponían de acuerdo con los precios, con cuáles empresas iban a participar, cuales no debían participar porque ya habían sido beneficiadas, y además tenían plena incidencia en los nombramientos de directores de unidades del Seguro Social”, explicó Aldana.

El monto de las adjudicaciones que habría obtenido Alejos por medio de sus empresas (Evopharma, Droguería Colón y Sabiapharma) aún no ha sido establecido por el MP ni la cifra o porcentaje de soborno pagado para obtener las adjudicaciones. “La fiscalía analiza los datos para determinar esos montos, lo que sí sabemos es que fue un evento diario de noviembre de 2014 a abril de 2015”, precisó Aldana.

Conversaciones telefónicas interceptadas aluden a un porcentaje que denominan “comisión”, “talacha”, “bancas”, entre otros términos, para referirse al soborno a cambio de las adjudicaciones. Seguimientos policiales documentaron reuniones entre funcionarios del IGSS y proveedores/operadores de la red.

Boletos aéreos, patrocinio de eventos médicos o nombramientos, son algunas de las comisiones que se manejaban, según las pesquisas de la fiscalía.

Algunos operadores acudían a los funcionarios del Seguro Social para promover la venta de sus productos o servicios, explicó el jefe de la CICIG. Lo que buscaban era “incentivar el consumo de un producto determinado, lo que hace necesaria la provisión de ese producto”, añadió.

También incidían en la manipulación de los concursos para que las condiciones les fueran favorables. En dos compras bajo investigación participaron dos empresas vinculadas a Alejos, lo que Velásquez calificó como “una flagrante irregularidad”.

Empresa millonaria

La Droguería Colón, propiedad de Gustavo Alejos Cámbara, ha obtenido contratos con el Estado por Q273 millones desde 2004, de este monto, Q200 millones fueron acreditados en lo que va de 2015. Los implicados en esta red presentarán hoy su primera declaración a las 8:30 horas en el Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal.

2

órdenes de captura están pendientes contra miembros de esta red.

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